Open publication - Free publishing
150 Organizaciones de la sociedad civil venezolanas manifestaron preocupación por situación de Derechos Humanos en Venezuela
Nota de Prensa
Documento leído en ONU a nombre de 150 Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos
Documento leído en sesión ONU EPU Venezuela
vídeo intervención en nombre de más de 150 organizaciones de la sociedad civil independientes de Venezuela
Vídeo de sesión ONU EPU Venezuela
Intervención de IFEX-ALC durante la consideración del informe EPU Venezuela
Documento leído Ginebra, 15 de marzo de 2012
Documento consignado en la ONU frente a la petición de Venezuela de estar en la Comisión Derechos Humanos de la ONU. Incumplimiento de compromisos por parte de Venezuela en Derechos Humanos
Foro por la Vida y Sinergía
Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado
Por qué el Estado rechazó las recomendaciones
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas
Actualización de los estándares de derecho internacional sobre la materia
Mostrando entradas con la etiqueta Sinergia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sinergia. Mostrar todas las entradas
jueves, 15 de marzo de 2012
Documento leído en Ginebra hoy a nombre de 150 Organizaciones Sociales de Venezuela
miércoles, 14 de marzo de 2012
Venezuela: En 2010 aumentaron los casos de violaciones contra defensores y organizaciones de DDHH
Cabe destacar que las cifras no coinciden
con la sumatoria del total de casos, debido a que un mismo caso puede incluir
más de un patrón de violación a los derechos humanos.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Garantizar las condiciones para que los defensores de DDHH realicen
sus actividades.
Prevenir las violaciones a la vida e
integridad.
Investigar las agresiones para impedir la
impunidad y la multiplicación de ataques a defensores.
Entre 2008 y 2009, 6 sentencias de la Corte
Interamericana de DDHH (CorteIDH) no han sido acatadas por el Estado. En 3
informes de supervisión de sentencias, la CorteIDH ha hecho notar que el Estado
no acata las decisiones.
La CIDH ha dictado 17 medidas cautelares;
el Estado no ha acatado la mayoría.CDH/UCAB3.
Desde diciembre de 2009 la jueza María
Lourdes Afiuni ha estado privada de libertad por acordar una libertad
condicional en cumplimiento de una resolución del Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias; el Estado ha ignorado todos los llamados de
órganos internacionales y regionales de protección de DDHH exigiendo su
libertad. CDH/UCAB4.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia se ha negado a ejecutar las sentencias de la CorteIDH. PROVENE5.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Cumplir con las recomendaciones, resoluciones y sentencias de los
órganos internacionales y regionales de protección de DDHH.
Implementar las recomendaciones de los
órganos de protección, en especial las del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias.
Cumplir con las decisiones emanadas del
sistema interamericano de protección de DDHH, garantizando así la tutela
internacional de los DDHH de los venezolanos.
La Ley Orgánica del Consejo Federal de
Gobierno y la Ley Orgánica del Poder Popular desconocen a
organizaciones que no se hayan conformado como Organizaciones del “Poder
Popular” (OPP).
El Poder Popular es creado como nuevo poder
público para edificar el “Estado Comunal”. Las OPP son consideradas las “únicas
detentadoras de la soberanía originaria del Estado” y medio para “el pleno
ejercicio de la soberanía del pueblo en lo político, económico, social,
cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo
de la sociedad“.
Las OPP deben registrarse ante el Ejecutivo
para ser reconocida su participación en la planificación de políticas públicas,
consultas legislativas, contraloría social, ordenación y gestión del
territorio, y gestión de bienes y servicios públicos.SINERGIA6, FORO POR LA
VIDA7, PROFESORES DE LA UCV8 y FUNDACIÖN AGUA CLARA9.
Entre 2009 y 2010 los órganos públicos
ordenaron medidas de suspensión de subsidios, toma forzada de sedes, desalojos
y expropiaciones arbitrarias, negación de información pública, exclusión de
espacios de decisión pública, censura y averiguación administrativa, en contra
de organizaciones civiles por sus actividades en defensa de DDHH. SINERGIA10,
FORO POR LA VIDA11, PROFESORES DE LA UCV12 y FUNDACIÖN AGUA CLARA13.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Someter a revisión y consulta amplia y plural las leyes y medidas
relacionadas con el Poder Popular y Estado Comunal, a fin de eliminar toda
disposición que no garantice los derechos de libre asociación y participación
en la vida pública, consagrados en la Constitución venezolana y en los
instrumentos internacionales.
En junio de 2006 la Asamblea Nacional
aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación
Internacional. 100 organizaciones se manifestaron públicamente en desacuerdo
con el Proyecto porque limita los derechos de acceso a la cooperación para la
defensa de derechos humanos. SINERGIA14
En 2010, 34 organizaciones civiles fueron
denunciadas por el “delito de traición a la patria” ante órganos judiciales por
realizar actividades con fondos de la cooperación internacional. El Tribunal
Supremo de Justicia negó el derecho de la Asociación Civil Súmate para ejercer
“acción popular” ante órganos de justicia nacionales, por considerarla un “agente
externo” al recibir fondos internacionales para promover la democracia y
defender derechos políticos. SINERGIA15.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Respetar los instrumentos internacionales que resguardan la
cooperación internacional y abstenerse de establecer restricciones al derecho
de defensores y organizaciones de solicitar, recibir y utilizar recursos para
promover y defender derechos humanos y las libertades fundamentales16.
La Ley de Defensa de la Soberanía
Política y Autodeterminación Nacionalrestringe la acción de las organizaciones
para la promoción y defensa de derechos políticos, así como la contraloría
sobre la gestión gubernamental, además establece sanciones —de multas hasta
prisión— a quienes defiendan los derechos políticos con recursos de la
cooperación internacional. CDH/UCAB17.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Garantizar las condiciones para que las personas y organizaciones que
defiendan, promuevan, informen y divulguen derechos políticos realicen
libremente sus actividades, sin represalias o sanciones por ser receptoras de
financiamiento mediante la cooperación internacional.
En los cuatro años que cubre el examen,
ningún representante de órganos regionales o internacionales de protección de
derechos humanos ha sido autorizado a visitar el país. CDH/UCAB18.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Permitir en un plazo breve el acceso al país a representantes de
todos los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos
humanos.
Venezuela no ha adoptado ninguna medida
concreta para implementar el Estatuto de Roma ni ha establecido ningún
mecanismo de cooperación ni de asistencia judicial en materia de: a) entrega de
personas a la Corte Penal Internacional, b) auxilio judicial internacional para
la aportación de documentos y realización de pruebas y c) ejecución de las
sentencias de la Corte. CONTROL CIUDADANO19.
En 2009, en un comunicado oficial del
gobierno venezolano, el vicecanciller Reinaldo Bolívar expresó que la decisión
de la Corte Penal Internacional (CPI) de detener a Omar Al Bashir, Presidente
de Sudán, era una “intromisión en asuntos legítimos e internos del pueblo de
Sudán”. El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, calificó la decisión de
la CPI como “un adefesio jurídico y un atropello político no sólo para Sudán,
sino para todos los pueblos del tercer mundo”. CONTROL CIUDADANO20.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Adoptar las medidas de aplicación nacional necesarias para cumplir
las obligaciones internacionales asumidas al ratificar el Estatuto de Roma.
Cooperar en la detención y entrega de de
personas solicitadas por la Corte Penal Internacional, conforme a las
obligaciones derivadas del Estatuto de Roma.
Venezuela reportó haber sembrado 1.074
minas antipersonales alrededor de seis bases navales fluviales fronterizas con
Colombia entre los años 1995 y 1997. Sin embargo, se han movido los campos
minados en algunos casos, quedando a la deriva artefactos explosivos, sin
ubicación precisa.
En el “nuevo pensamiento militar
venezolano”, y en el marco de la concepción de la “guerra de resistencia”, el
Estado Venezolano incluyó la posibilidad de utilizar minas antipersonales como
medio de combate. CONTROL CIUDADANO21.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas envíe, en los
próximos 3 meses, una misión de esclarecimiento de la situación del
cumplimiento por parte de Venezuela de la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y
sobre su destrucción.
Las denuncias de violaciones a los derechos
humanos son múltiples, porque aunque tienen reconocimiento formal en el
ordenamiento jurídico, las condiciones para su garantía son débiles. PROVENE22.
Las recomendaciones al Estado Venezolano
son: Diseñar e implementar en breve plazo un Plan Nacional de Derechos
Humanos de acuerdo con los estándares de NNUU.
Fuente: http://www.derechos.org.ve/2011/09/22/epu-en-2010-aumentaron-los-casos-de-violaciones-contra-defensores-y-organizaciones-de-derechos-humanos/
El VIH y otros temas en el exámen periódico Universal (EPU) ante el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas
El proceso que culmina con el EPU y la
adopción de recomendaciones, deja un muy importante conjunto de insumos para la
próxima etapa, que implica exigir el cumplimiento de los compromisos
adquiridos, así como la incidencia para que las recomendaciones no aceptadas,
pero que tienen un impacto directo en el respeto y garantía de los derechos
humanos, sigan presentes en la agenda pública. El EPU concluyó con el
reconocimiento de avances en diversas áreas en materia de políticas públicas
(reducción de la pobreza y acceso a la educación, marcos normativos de
protección de derecho de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos
indígenas, reducción de la mortalidad infantil, avances en ciencia y
tecnología); un conjunto de preocupaciones expresadas por cantidad de países
(déficit habitacional, violencia, falta de independencia del poder judicial e
impunidad, situación del sistema penitenciario, incumplimiento del marco
normativo en cuanto a los derechos de las mujeres y niños, niñas y
adolescentes, la falta de diálogo con las organizaciones de sociedad civil y de
garantías para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, así
como el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos).
Al final, de las 138 recomendaciones presentadas
durante el EPU, 20 obtuvieron el respaldo absoluto del gobierno venezolano; 75
fueron aceptadas indicando que estaban en marcha, 15 quedaron pendientes de
aprobación para la adopción definitiva en marzo de 2012 y 38 fueron rechazadas.
Nos sorprendió que ninguno de los
representantes del Estado, en sus distintas exposiciones, hiciera mención del
tema de los derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (LGBT), pues fue el
único reconocido en el Informe como área deficiente y de urgente atención. Solo
Canadá se refirió a la necesidad de adoptar políticas en este sentido. La
vinculación entre la orientación sexual y la identidad y expresión de género
con la vulnerabilidad a la infección por el VIH ha sido claramente establecida,
y pensábamos que en el EPU este tema sería prioritario para el Estado
Venezolano.
Feliciano Reyna: 138 recomendaciones, 95 fueron aceptadas
Resumen: aceptadas sin reservas 20
recomendaciones (convenciones personas con discapacidad, algunas sobre
sistema penitenciario otras sobre
violencia e impunidad y actividades de defensores, asì como acceso de mujeres
embarazadas a servicios). Entre ellas: Sostenimiento a largo plazo de misiones,
derechos de gays, lesbianas y trans, derecho a la vida, reforma policial,
recomendaciones sobre sistema penitenciario, reducción de la pobreza, polìticas
de vivienda, educativas y para indígenas.
Aún en las aceptadas o “en implementaciòn”,
son claros conocimiento y preocupación de paìses sobre la situación.
En anàlisis para la adopciòn definitiva en
marzo, 15 recomendaciones sobre pactos, plan nac ddhh, invitación a relatores.
Entre las 38 no aceptadas, algunas
insólitas: cumplimiento de obligaciones internacionales sobre libertad de
expresión.
Tampoco aprobadas: control armas ligeras,
cumplir con sentencias de corte IDH (¡a pesar de tener rango constitucional!)
Más insólito: tomar medidas para eliminar
violencia contra la mujer y proteger a niños y adolescentes de explotación
laboral!!
Más rechazadas: reforzar independencia del
sistema judicial, asegurar selección transparente de jueces, combatir
impunidad!!!
Rechazada: abolir la pràctica de usar el
sistema de justicia para silenciar voces críticas.
Más rechazos: incrementar esfuerzos para
garantizar la libertad de expresión y la seguridad de periodistas.
Más rechazos: asegurar el acceso oportuno a
la información pública (A esto obliga la constitución…)
Más rechazos: se aprueba propuesta de
brasil sobre apoyo a defensores, pero se niegan las de francia, eslovaquia y
canadá.
Venezuela rechazó 38 de las 148 sugerencias hechas por la ONU
La
Defensora del Pueblo advirtió que el país goza de independencia judicial. La Organización de Naciones
Unidas (ONU) presentó el proyecto del
informe del Examen Periódico Universal realizado a Venezuela la semana pasada,
en el cual expuso 148 recomendaciones para mejorar algunos aspectos vinculados
con derechos humanos. Sin embargo, 38 sugerencias fueron rechazadas por
Caracas, la mayoría de las cuales están relacionadas con garantías para la
libertad de expresión y la independencia judicial.
El documento, redactado por las
delegaciones de República Checa, Guatemala y Burkina Fasso, recogió varias
observaciones de Estados Unidos y países europeos, que, entre
otras cosas, plantearon a Venezuela la necesidad de reformar el Código Penal
para eliminar figuras que criminalizan el ejercicio del periodismo, como el
vilipendio y la calumnia. Tampoco se aceptaron las sugerencias que recomendaban
al Estado cumplir con las obligaciones internacionales sobre libertad de
expresión; no utilizar el uso del sistema judicial para silenciar voces
críticas; y asegurar el acceso oportuno a la información pública.
El Estado también rechazó las observaciones sobre
la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial,
especialmente aquellas referidas a la selección de jueces. Otras sugerencias
que no fueron adoptadas por Venezuela están vinculadas con la obligación de
cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y tomar
medidas para el control de armas ligeras, para eliminar la violencia contra la
mujer y proteger a niños y adolescentes de explotación laboral.
Desde Ginebra, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez,
aseguró que estas propuestas fueron rechazadas por ser consideradas
“injerencistas”. Sin embargo, recalcó que
“no contravienen el orden
constitucional en vista de que el país
goza de independencia judicial y que las instituciones democráticas son fuertes,
sólidas y de tradición, sobre todo en los últimos 10 años en los que se han
tenido tantos procesos electorales”.
Aceptadas
Entre las recomendaciones aceptadas por el
Estado destacan la aplicación de convenciones para personas con discapacidad,
la adopción de medidas para mejorar el sistema penitenciario, propiciar el
reconocimiento de derechos de
homosexuales, profundizar la reforma policial, perfeccionar los planes
para la reducción de la pobreza, y mejorar las políticas de vivienda, educación
y para la población indígena.
En análisis para la adopción definitiva en
marzo quedaron 15 sugerencias, entre ellas las vinculadas con la presentación
de un plan nacional de derechos humanos y la invitación a relatores de Naciones
Unidas para que puedan evaluar directamente las condiciones del país.
Feliciano Reyna, presidente de la ONG
Sinergia, calificó como insólito el rechazo del Estado a las recomendaciones
sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales sobre libertad de
expresión. “Tenemos que seguir llamando la atención del gobierno sobre este y
otros temas”, declaró a El Tiempo desde Ginebra el activista venezolano.
Criticó también la negativa en relación al
acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre las recomendaciones aceptadas por el
Estado, Reyna explicó que “hay mucho que
trabajar para que no se conviertan en un simple ejercicio retórico y se
produzcan cambios reales”.
Poderes
definidos
El presidente Hugo Chávez refirió que
aquellos aspectos que no estén acordes
con la realidad venezolana –como el tráfico de niños al cual hace referencia el
informe conclusivo de la ONU- serán “rechazados” por el gobierno, aunque
sostuvo que “algunas recomendaciones” ya han sido asumidas. Aseguró que en
Venezuela los poderes están definidos y
son independientes.
domingo, 11 de septiembre de 2011
Conozca el informe al EPU de Sinergia
En el marco del Examen Periódico Universal sobre Venezuela que realizará el Consejo de Derechos Humanos, Sinergia -Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil-, somete el siguiente informe a la consideración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la Libertad de Asociación en Venezuela. La Constitución venezolana, aprobada por referendo popular en 1999, implicó importantes avances en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos. Tanto en sus Principios Fundamentales como en el Título referido a los derechos humanos, se verifica la progresividad de la norma con respecto a las anteriores. El ejercicio de la Libertad de Asociación, la Libertad de Expresión y el derecho de Participación en asuntos públicos por parte de las asocciaciones, están expresamente garantizados y sometidos a cumplimiento obligatorio en la Constitución. Sin embargo, de manera sistemática y ascendente puede constatarse la restricción y vulneración de estos derechos, con la consecuente afectación “del derecho y el deber de las personas y las organizaciones de promover y defender los derechos humanos”
Descargue el informe ACA
Descargue el informe ACA
Palabras clave informe Sinergia
