Venezuela rechazó recomendaciones que
instaban a respetar la independencia del poder judicial, a cumplir con sus
obligaciones internacionales, e implementar las recomendaciones, resoluciones y
decisiones de los sistemas internacional y regional de protección de derechos
humanos. En diversas oportunidades, el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela (TSJ) se ha negado a reconocer sentencias vinculantes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos destinadas a proteger derechos fundamentales
de los venezolanos. Desde 2004, el TSJ no ha cumplido su rol de contralor de la
actuación del poder ejecutivo. Ese año, los aliados del Presidente Hugo Chávez
en la Asamblea Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político
del TSJ y que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno. Tras
las elecciones de 2010, en las cuales se redujo significativamente la mayoría
oficialista en la Asamblea Nacional, pero con anterioridad a que asumieran los
nuevos representantes de la oposición, los legisladores chavistas reformaron
los plazos para la designación de magistrados y nombraron a sus aliados como
magistrados por segunda vez.
El ejemplo más evidente de la falta de independencia
judicial en Venezuela es el juzgamiento y la detención arbitraria desde
diciembre de 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada el mismo día en
que dispuso en forma legítima la liberación de un empresario del sector
bancario y opositor de Chávez acusado de corrupción. El presidente se refirió a
Afiuni como una “bandida” y afirmó que debía recibir la “pena máxima”.
Sin un control judicial efectivo de sus
actos, el gobierno ha adoptado numerosas medidas que debilitan el derecho a la
libertad de expresión y la capacidad de los defensores de derechos humanos de
trabajar en forma independiente. Ha ejercido sus facultades regulatorias de
manera abusiva para castigar a medios opositores y censurar contenidos
críticos. Ha repudiado públicamente a defensores de derechos humanos y miembros
de organizaciones de la sociedad civil, y ha procurado limitar sus
posibilidades de obtener financiamiento internacional. Durante el Examen
Periódico Universal, Venezuela rechazó varias recomendaciones relativas a la
necesidad de fortalecer la libertad de expresión y de proteger los derechos de
defensores de derechos humanos.
Asimismo, en diciembre de 2010, la mayoría
oficialista en la Asamblea Nacional sancionó una serie de leyes que refuerzan
aún más la capacidad del gobierno de limitar la libertad de expresión y
restringir el trabajo de los defensores.
Human Rights Watch insta a Venezuela a
cumplir de manera más rigurosa con sus obligaciones jurídicas internacionales
en materia de derechos humanos fortaleciendo la independencia judicial, el
derecho a la libertad de expresión y la capacidad de los defensores de derechos
humanos de trabajar sin temor a sufrir represalias; implementando las
sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
ordenando la liberación inmediata de la jueza Afiuni y que se retiren todos los
cargos en su contra.
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