La
Defensora del Pueblo advirtió que el país goza de independencia judicial. La Organización de Naciones
Unidas (ONU) presentó el proyecto del
informe del Examen Periódico Universal realizado a Venezuela la semana pasada,
en el cual expuso 148 recomendaciones para mejorar algunos aspectos vinculados
con derechos humanos. Sin embargo, 38 sugerencias fueron rechazadas por
Caracas, la mayoría de las cuales están relacionadas con garantías para la
libertad de expresión y la independencia judicial.
El documento, redactado por las
delegaciones de República Checa, Guatemala y Burkina Fasso, recogió varias
observaciones de Estados Unidos y países europeos, que, entre
otras cosas, plantearon a Venezuela la necesidad de reformar el Código Penal
para eliminar figuras que criminalizan el ejercicio del periodismo, como el
vilipendio y la calumnia. Tampoco se aceptaron las sugerencias que recomendaban
al Estado cumplir con las obligaciones internacionales sobre libertad de
expresión; no utilizar el uso del sistema judicial para silenciar voces
críticas; y asegurar el acceso oportuno a la información pública.
El Estado también rechazó las observaciones sobre
la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial,
especialmente aquellas referidas a la selección de jueces. Otras sugerencias
que no fueron adoptadas por Venezuela están vinculadas con la obligación de
cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y tomar
medidas para el control de armas ligeras, para eliminar la violencia contra la
mujer y proteger a niños y adolescentes de explotación laboral.
Desde Ginebra, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez,
aseguró que estas propuestas fueron rechazadas por ser consideradas
“injerencistas”. Sin embargo, recalcó que
“no contravienen el orden
constitucional en vista de que el país
goza de independencia judicial y que las instituciones democráticas son fuertes,
sólidas y de tradición, sobre todo en los últimos 10 años en los que se han
tenido tantos procesos electorales”.
Aceptadas
Entre las recomendaciones aceptadas por el
Estado destacan la aplicación de convenciones para personas con discapacidad,
la adopción de medidas para mejorar el sistema penitenciario, propiciar el
reconocimiento de derechos de
homosexuales, profundizar la reforma policial, perfeccionar los planes
para la reducción de la pobreza, y mejorar las políticas de vivienda, educación
y para la población indígena.
En análisis para la adopción definitiva en
marzo quedaron 15 sugerencias, entre ellas las vinculadas con la presentación
de un plan nacional de derechos humanos y la invitación a relatores de Naciones
Unidas para que puedan evaluar directamente las condiciones del país.
Feliciano Reyna, presidente de la ONG
Sinergia, calificó como insólito el rechazo del Estado a las recomendaciones
sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales sobre libertad de
expresión. “Tenemos que seguir llamando la atención del gobierno sobre este y
otros temas”, declaró a El Tiempo desde Ginebra el activista venezolano.
Criticó también la negativa en relación al
acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre las recomendaciones aceptadas por el
Estado, Reyna explicó que “hay mucho que
trabajar para que no se conviertan en un simple ejercicio retórico y se
produzcan cambios reales”.
Poderes
definidos
El presidente Hugo Chávez refirió que
aquellos aspectos que no estén acordes
con la realidad venezolana –como el tráfico de niños al cual hace referencia el
informe conclusivo de la ONU- serán “rechazados” por el gobierno, aunque
sostuvo que “algunas recomendaciones” ya han sido asumidas. Aseguró que en
Venezuela los poderes están definidos y
son independientes.
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