El proceso que culmina con el EPU y la
adopción de recomendaciones, deja un muy importante conjunto de insumos para la
próxima etapa, que implica exigir el cumplimiento de los compromisos
adquiridos, así como la incidencia para que las recomendaciones no aceptadas,
pero que tienen un impacto directo en el respeto y garantía de los derechos
humanos, sigan presentes en la agenda pública. El EPU concluyó con el
reconocimiento de avances en diversas áreas en materia de políticas públicas
(reducción de la pobreza y acceso a la educación, marcos normativos de
protección de derecho de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos
indígenas, reducción de la mortalidad infantil, avances en ciencia y
tecnología); un conjunto de preocupaciones expresadas por cantidad de países
(déficit habitacional, violencia, falta de independencia del poder judicial e
impunidad, situación del sistema penitenciario, incumplimiento del marco
normativo en cuanto a los derechos de las mujeres y niños, niñas y
adolescentes, la falta de diálogo con las organizaciones de sociedad civil y de
garantías para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, así
como el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos).
Al final, de las 138 recomendaciones presentadas
durante el EPU, 20 obtuvieron el respaldo absoluto del gobierno venezolano; 75
fueron aceptadas indicando que estaban en marcha, 15 quedaron pendientes de
aprobación para la adopción definitiva en marzo de 2012 y 38 fueron rechazadas.
Nos sorprendió que ninguno de los
representantes del Estado, en sus distintas exposiciones, hiciera mención del
tema de los derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (LGBT), pues fue el
único reconocido en el Informe como área deficiente y de urgente atención. Solo
Canadá se refirió a la necesidad de adoptar políticas en este sentido. La
vinculación entre la orientación sexual y la identidad y expresión de género
con la vulnerabilidad a la infección por el VIH ha sido claramente establecida,
y pensábamos que en el EPU este tema sería prioritario para el Estado
Venezolano.
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