Las organizaciones sociales, en los informes remitidos los cuales son tomados en cuenta por el Consejo de la ONU, visibilizaron los retrocesos en los derechos políticos , así como los estancamientos en algunos derechos sociales, como la vivienda.
Como lo
repitieron los activistas presentes en Ginebra, sitio de realización del EPU,
el trabajo de las organizaciones no es a favor o en contra de gobierno, sino
por la garantía de los derechos humanos para todos y todas, desde una
perspectiva integral, lo cual incide en la calidad de vida de la población.
Lamentablemente, algunos voceros del gobierno, incluyendo el primer mandatario,
no tomaron el EPU como un espacio en donde se reforzarían sus políticas
positivas y serían recomendadas medidas para revertir los flancos débiles, sino
como una “batalla” que debía ser ganada.
El Ministerio de Comunicación,
insistentemente, desnaturalizaba las observaciones realizadas por las
organizaciones de derechos humanos al categorizarlas como “pagadas por los
Estados Unidos”, con lo que sugería su naturaleza mercenaria. Lo que no se
percató el despacho de Andrés Izarra, funcionario que por cierto pidió
protección tras los sucesos de abril 2002 a las organizaciones que hoy
criminaliza, es que este tipo de campañas, precisamente, estaban bajo la lupa
de la ONU como parte del hostigamiento contra la sociedad civil independiente
del país.
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