La reducción de los índices de pobreza de
21% a 7,1% entre los años 2008-2010, es uno de los principales avances del
Estado venezolano para la protección y promoción de los derechos humanos.
Así lo destaca el informe que Venezuela
expondrá este viernes en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante el Examen
Periódico Universal (EPU), mecanismo de evaluación que aplica el Consejo de los
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar
esta materia.
El documento de 20 páginas y 152 puntos,
que fue enviado por el Estado venezolano previamente en el mes de julio de este
año, hace una radiografía de los esfuerzos del país suramericano para
garantizar los derechos humanos, sus limitaciones, obstáculos, los retos y
desafíos en esta materia.
El Gobierno Nacional resalta que consciente
de la deuda social con los sectores excluidos “se ha empeñado en la
implementación de políticas públicas orientadas a erradicarla bajo los
principios de la universalidad, gratuidad, igualdad e inclusión”.
Explica el informe, en el cual participaron
para su elaboración los cinco Poderes Públicos venezolanos, que el Ejecutivo ha
realizado una inversión social histórica en esta década, al pasar de 12.465.054
millones de dólares en 1999, a una inversión acumulada de 393.478.011 millones
de dólares en 2010.
Este esfuerzo, explica el documento, ha
ubicado a Venezuela como el país con menos desigualdad en América Latina y el
que más ha reducido el índice de pobreza, según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa Para las Naciones Unidas en
Desarrollo (PNUD).
Más acceso a la educación
En el análisis que expondrá la delegación
venezolana ante la comisión, también resalta la labor del Estado por
garantizarle a los ciudadanos el acceso a la educación gratuita.
Informan que a través de la implementación
de medidas como la eliminación del cobro de la matrícula en los centros
educativos oficiales, la inversión progresiva en la materia pasó del 3% del
Producto Interno Bruto (PIB) en 1999 a 6,1% en el 2011, así como la inclusión
de personas con discapacidad y la creación de infraestructura, han permitido
romper el círculo de la desigualdad social.
Las cifras indican que para el año escolar
2009-2010 un total de 7,7 millones de jóvenes y niños formaban parte del
sistema educativo, lo que representa un incremento de 24% de la matrícula
escolar entre 1998-2010.
En cuanto al acceso a la educación
universitaria, el Estado ha aplicado la municipalización para permitir el
derecho al estudio a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y con
menores recursos.
El acercamiento de las universidades a las
comunidades, más las 172 instituciones de educación superior que existen en el
país con una matrícula de 2.293.914 inscritos, ha convertido a Venezuela en el
quinto país del mundo con mayor tasa bruta de matriculación en esta área.
Garantizar los DDHH en las cárceles es un
desafío
El texto alude a la situación del sistema
penitenciario venezolano y la voluntad y esfuerzos del Gobierno Nacional para
garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria, tema que está
siendo abordado “con seriedad y contundencia”.
En ese sentido, el documento enumera las
políticas que en materia carcelaria ha implementado el Estado para enfrentar
este problema como son la creación en 2008 del Consejo Superior Penitenciario,
del cual surgió el Código Orgánico Penitenciario.
Reordenamiento del sistema policial
Para garantizarle a los venezolanos el
derecho a la seguridad ciudadana, el documento refleja que uno de los factores
con mayor incidencia en la percepción de la inseguridad presentada por la
población, está relacionada con la actuación y funcionamiento de los organismos
policiales.
“Por ello, el Estado consideró
impostergable asumir el proceso de reordenamiento del sistema policial, por
servir de instrumento de los anteriores gobiernos para reprimir y controlar a
los más excluidos”, señala el informe.
El documento enumera las acciones
emprendidas para el reordenamiento de los cuerpos de seguridad, como son la
creación en 2006 de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, de la cual
se derivaron un conjunto de leyes para regular el funcionamiento del sistema
policial, así como la creación de la Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES) y la conformación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado
Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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