Durante la presentación del proyecto de sugerencias aceptadas y rechazadas por Venezuela en la ONU, la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, reconoció que el compromiso del Estado con los derechos humanos se haya expresado a través de la delegación de más alto nivel que estuvo presente en la sesión de revisión del EPU y en la aceptación de la mayoría de las recomendaciones.
Destacó la amplia participación de las organizaciones sociales en el proceso; valoró los esfuerzos dirigidos a asegurar el disfrute de los derechos humanos, así como a superar las condiciones históricas por las cuales la gran mayoría de la población había quedado excluida de llevar una vida digna; y consideró favorables las políticas desarrolladas que han permitido avances en la garantía progresiva de los derechos a la salud, alimentación, agua, educación, tierra y cultura, enfatizada en la protección de los grupos vulnerables.
También evaluó positivamente los esfuerzos dirigidos a instaurar un nuevo modelo policial cónsono con los derechos humanos y la reciente política dirigida al abordaje de la violencia letal a través del control de las armas de fuego y el desarme; y señaló los avances orientados a garantizar la mayor participación y protagonismo del pueblo.
Recomendó continuar trabajando en el impulso de una estrategia integral de atención de la violencia social. "Solicito al Estado que continúe profundizando las políticas penitenciarias a los fines de superar la condición de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y recomiendo una revisión exhaustiva del marco legal del sistema penal dirigida a superar los problemas estructurales, así como a intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia", agregó.
Finalizó reiterando su compromiso con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la oficina de la alta comisionada para dar a conocer las recomendaciones derivadas del EPU así como de aplicar un mecanismo para su seguimiento.
Según la instancia, de las 148 recomendaciones Venezuela aceptó 95 y asumió 10 compromisos voluntarios. 38 de las recomendaciones rechazadas por el Estado son en su mayoría relativas al respeto a la libertad de expresión y la independencia judicial.
Muchas de las recomendaciones fueron planteadas por EEUU y países europeos, en las que instaron al gobierno venezolano garantizar un mayor respeto al Poder Judicial y a la libertad de expresión en el marco de las obligaciones internacionales contraídas con Venezuela.
Unas 15 sugerencias fueron diferidas para su posterior discusión.
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