El alto funcionario explicó que 97 recomendaciones fueron aceptadas por Venezuela. Señaló que no se aceptaron las que están "basadas en falsos supuestos", las que chocan con la Constitución o las que "se alejan de la realidad venezolana".
Caracas.- El viceministro de Relaciones
Exteriores, Temir Porras, señaló en una reunión del Examen Periódico Universal
(EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la democracia
venezolana en los últimos años se ha convertido en una democracia
"tangible y duradera".
"Venezuela no ha sacrificado ni un
segundo en los últimos 13 años su agenda de democratización política,
económica, social y cultural a pesar de las presiones externas que se ejercen
sobre nosotros", indicó.
"Transitamos de un Estado autoritario
y oligárquico a un Estado democrático y popular cuya transformación sigue en
proceso y tiende a acelerarse y profundizarse con el paso del tiempo. Solo en
un Estado de esta naturaleza, un Estado social de derecho y de justicia, se
puede alcanzar la impresionante avalancha de avances en materia de realización
de Derechos Humanos que recoge el informe del grupo de trabajo sobre el EPU y
que fueron expuestos de manera detallada y verificable por la delegación que
participó en el diálogo interactivo del 7 de octubre pasado", agregó el
viceministro en la reunión de Ginebra.
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez,
habló de la necesidad de profundizar en las políticas penitenciarias "a
fin de superar la condición de vulnerabilidad de las personas privadas de
libertad".
Igualmente, recomendó "la revisión
exhaustiva del marco legal del sistema penal para superar problemas
estructurales así como intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso a la
justicia".
97 recomendaciones aceptadas
Porras explicó que 97 recomendaciones
(hechas por organizaciones de Derechos Humanos) fueron aceptadas por Venezuela:
"Queremos ratificar nuestra determinación para implementar las 97
recomendaciones aceptadas al igual que los compromisos voluntarios que hemos
asumido. Nuestro país solo descartó recomendaciones cuya implementación
eventual hubiera sido violatoria del ordenamiento jurídico constitucional
venzolano, o cuya fundamentación está basada en falsos supuestos, o que
simplmente se encuenran tan alejadas de la realidad venezolana que no tiene
ningún sentido implementarlas".
Entre las recomendaciones que quedaron por
fuera destacan las relacionadas con el fortalecimiento del Poder Judicial, el
establecimiento de garantías para la libertad de expresión y para asegurar el
trabajo de las ONGs. En el informe final de Venezuela sobre el Examen Periódico
Universal de Derechos Humanos se señala: "Venezuela no aceptó
recomendaciones que están bajo desconocimiento de su independencia, soberanía y
que se inmiscuyen en sus asuntos internos". Y seguidamente se agrega:
"Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron darle órdenes al
Estado venezolano".
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