"En Venezuela el acceso a la
justicia tiene rango constitucional, por lo que todo persona tiene derecho a
una justicia gratuita imparcial, transparente, autónoma independiente y
expedita para hacer valer sus derechos incluso los colectivos y difusos y la
garantía a la tutela judicial efectiva”, expresó este viernes la fiscal general
de la República, Luisa Ortega Díaz.
Durante la presentación de la delegación
venezolana del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, Ortega Díaz
recordó que "antes de la actual Constitución de la República, en nuestro
país rigió un sistema inquisitivo que además de vulnerar los derechos humanos
generó un retardo procesal y más de 20 millones de casos".
En la actualidad, “en Venezuela el acceso a
la justicia implica poder acudir a los órganos encargados de administrarla y
además el derecho de toda persona a dirigir peticiones ante cualquier autoridad
sobre los asuntos de su competencia y a obtener oportuna y adecuada respuesta”.
Es por ello, enfatizó la Fiscal General,
que para garantizar esa justicia, el Estado venezolano cuenta con fiscalías,
tribunales, defensorías públicas, oficinas receptoras de denuncias y de
atención y protección a las víctimas, así como de atención al ciudadano, con
atención especial a las áreas más vulnerables como niños y adolescentes,
indígenas y mujeres.
“Para garantizar los derechos de estas
últimas (mujeres) y brindarles atención integral el Ministerio Público creó la
Dirección para la Defensa de la Mujer”, dijo.
En su exposición, Ortega aseveró que en
Venezuela se garantiza el debido proceso, es decir, la presunción de inocencia,
la afirmación de libertad, el derecho a un juicio oral y público, a promover
pruebas, a ser oídos, a un juez natural y a la doble instancia.
Informó que con el objeto de garantizar la
autonomía e independencia del sistema penal, el próximo 17 de octubre, por
“primera vez en la historia de Venezuela", el Ministerio Público realizará
el concurso para dar estabilidad a los fiscales y garantizar su independencia,
probidad e idoneidad, evitando que una investigación penal mal conducida pueda
generar impunidad o retardo procesal.
“La defensa de los derechos humanos es
relevante para nuestro país, por el ello, el Ministerio Público cuenta con
fiscales especializados, con una unidad criminalística contra la vulneración de
derechos fundamentales, un laboratorio para realizar las experticias y evitar
la manipulación de los resultados”, agregó.
0 comentarios:
Publicar un comentario