La inseguridad
que, según diversas encuestas de victimización, es el factor que más preocupa a
los ciudadanos, se manejó ocultando las cifras de asesinatos y en base a
argumentos que no han dado resultados.
Entre otros
aspectos, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, destacó que en
el país se cumple con la tasa de encuadramiento policial establecida por los
estándares internacionales: 3,6 funcionarios por cada mil habitantes en las
zonas de despliegue.
Al respecto, el
criminólogo Fermín Mármol García explica que el Gobierno está utilizando la
tasa para países con criminalidad controlada y no la alta, que se debería
aplicar en una nación como Venezuela. “Deberían ser cuatro policías uniformados
por cada mil habitantes, es decir, 120 mil hombres cuando en realidad tenemos
72 mil”, explica.
Por otro lado,
el canciller Nicolás Maduro aseguró que el Estado “garantiza la inviolabilidad
del derecho a la vida al prohibir expresamente la pena de muerte”. Sin embargo,
Mármol García considera que, aunque es cierto que desde el punto de vista del
derecho penal se respeta la vida, “a aquellos que son privados de libertad no
se les garantiza ese derecho en las 34 cárceles, pues en estos últimos 12 años
han muerto más de 4.500 reclusos”.
Además, señala
que el Gobierno no acata el artículo 55 de la Constitución que consagra el
derecho de que sea protegida nuestra integridad física y nuestros bienes,
porque en el país hay 92% de impunidad y una tasa de 58 homicidios por cada 100
mil habitantes, cuando la tasa idónea es de 9 por cada 100 mil habitantes”.
JUSTICIA INCAPAZ
Por su parte, la
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, sostuvo que
el Poder Judicial es “autónomo e independiente”. Para refutar esta declaración,
el criminólogo se remitió a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien
este año dijo que ve difícil reunir a 12 jueces independientes.
La fiscal Luisa
Ortega Díaz, en su intervención, no hizo referencia a la impunidad ni a los
retardos judiciales. Mármol García indica que hay un déficit de 70% de
fiscales, pues se requieren 2.500 y sólo se cuenta con alrededor de 800, que
manejan entre 2 mil y 3 mil causas anuales.
“Tenemos un
Cicpc casi desmembrado y un Ministerio Público que no da respuestas a las
víctimas. Cuando esto sucede, vemos fenómenos sociales como el sicariato y los
linchamientos, lo que significa la involución del derecho (la gente haciéndose
justicia por sí misma) porque el Estado es incapaz y el sistema judicial se
quedó en una Venezuela de hace dos décadas”, agrega.
LUCHA ESTANCADA CONTRA LA POBREZA
Para echarse
flores, el Estado ante todo hizo referencia en el EPU a sus avances en materia
social, pero dejó a un lado, por supuesto, que en los últimos cuatro años la
lucha contra la pobreza y el desempleo se ha estancado.
Maduro detalló
la disminución de hogares en extrema pobreza de 21% en 1998 a 7,1% en 2010,
mientras que el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías
Eljuri, destacó el progreso en cuanto a la alfabetización, el número de
pensionados y las personas con acceso a los programas de alimentación del
Gobierno.
El coordinador
de Provea, Marino Alvarado, reconoce que en estos doce años han reducido la
pobreza y el desempleo, pero hace énfasis en que desde 2006 no ha habido
avances en estos ámbitos. “El año pasado habíamos advertido que podía darse una
situación de leve aumento de la pobreza porque de 2009 a 2010 en ocho estados
se había elevado”, explica.
Alvarado señala
que en cuatro años ha bajado la pobreza extrema en 0,4%, mientras que en los años
anteriores disminuía entre 5 y 7 puntos de un año a otro. En pobreza general,
desde 2006 se reflejaba una línea recta y el primer trimestre de 2011 hubo un
pequeño aumento. Algo parecido sucede con el desempleo que desde 2006 se
estancó y el año pasado aumentó, cuando antes reducía entre 2 y 3 puntos
anuales.
“Esto se debe a
la ineficiencia del Gobierno. Si a estas cifras se le suma la tasa
inflacionaria, que ha sido muy alta en los últimos años, es peor porque también
se han debilitado las misiones. El Estado se excusa en la crisis mundial que
empezó en 2009 y este estancamiento es desde 2006. Lo peor es que todo esto
pasó en el momento en el que los precios del petróleo estaban más altos”,
añade.
SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En referencia a
la libertad de expresión, el canciller señaló que se ha promovido la creación
de 1.225 medios alternativos y comunitarios, y el procurador general de la
República, Carlos Escarrá, aseguró que, “a pesar de expresiones difamatorias,
se ha mantenido con robustez la libertad de expresión”.
Carlos Correa,
de Espacio Pública, afirma que el problema no está en el número de medios que
haya, sino en que en el país siguen vigentes las figuras del vilipendio y del
desacato. “Además, hay que evaluar si hay suficiente garantía de un efectivo
acceso a la información pública y si los casos de agresiones a periodistas se
investigan y se sancionan”, dice.
La cantidad de
medios de comunicación “numéricamente es positivo”, pero “la pregunta es si
esos medios están garantizando una mayor pluralidad, diversidad y un mayor
debate en el país o sencillamente son reproductores de discursos oficiales”,
agrega Correa.
El director de
Espacio Público revela que muchos periodistas han sido agredidos y esos casos
no han sido investigados. Además, “hay un discurso de funcionarios que ubica a
los periodistas como enemigos y eso alimenta muchas veces las agresiones contra
ellos”.
RECOMENDACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Estados Unidos
pide la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni.
República Checa
sugiere que el Estado se compromete a acabar con los crímenes por parte de
funcionarios policiales.
Suiza resalta la
necesidad de que se garantice la independencia del Poder Judicial y de luchar
contra la impunidad. También afirma que hay que luchar contra el comercio
ilícito de armas, darle prioridad a las reformas en el sistema de seguridad
ciudadana y combatir el alto grado de polarización política y el uso del
sistema judicial para cercenar a quien piensa distinto.
Países como
Noruega, Canadá, Australia, EEUU, Brasil, Chile, Paraguay, Alemania y Suiza
hacen especial énfasis en temas relacionados con la libertad de expresión en
Venezuela.
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