El derecho a la vivienda será uno de los aspectos
examinados en la evaluación. En su informe destinado al EPU, el Estado venezolano apenas nombra
políticas en la materia en 5 párrafos, 4 en los cuales se describe la atención
dada a las familias damnificadas por las lluvias de diciembre del 2010. En el quinto, reconoce que las
políticas implementadas en el sector son “insuficientes” para garantizar el
derecho, aunque poniendo la responsabilidad en “el cambio climático” y “la
ausencia de políticas públicas en la materia por más de medio siglo”.
Afirmación extraña, pues todos los gobiernos democráticos anteriores, salvo el
de Rómulo Betancourt, superan ampliamente al gobierno del presidente Chávez en
las cifras de construcción de viviendas. El gobierno bolivariano ha incumplido
sistemáticamente sus metas en el sector, construyendo en promedio anual,
durante 11 años, la cantidad de 29.508 unidades habitacionales.
Sin
embargo, observando el vaso medio lleno, se podría estimar que el
reconocimiento de las insuficiencias es un avance. A esto habría que vincular
las declaraciones en el mismo sentido emitidas por el presidente Chávez, la
adjetivación de la situación en vivienda como “problema de Estado” y la
creación, como consecuencia, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El proyecto
de construir dos millones de viviendas en el país es factible mediante un gran
consenso nacional, cuyo objetivo sea elevar la calidad de vida de un buen
pedazo de familias venezolanas. Sin embargo, esta línea monumental presupone
una manera de gobernar caracterizada por el diálogo, la inclusión y la
priorización de los conocimientos técnicos sobre las filiaciones ideológicas.
Hasta ahora no ha sido así. Se continúa reincidiendo en un estilo caracterizado
por la confrontación, la negación y la jerarquización del voluntarismo
empirista-partidario. Nadie debe alegrarse porque la satisfacción del derecho a
la vivienda, para tantas familias en el país, no pueda cumplirse a cabalidad.
El
gobierno debería hacer una revisión exhaustiva y autocrítica de las iniciativas
que durante 11 años han mostrado resultados limitados. Incluso, escuchar con
atención a los funcionarios y funcionarias que han expresado algunos
cuestionamientos. Un primer diagnóstico puede conseguirse en los dos últimos
informes de la Contraloría General de la República (CGR), los cuales han
dedicado sendos espacios a las inconsistencias de las políticas en vivienda. En
el informe de gestión de la CGR 2010 se afirma: “el pago de obras no
ejecutadas, de bienes no recibidos, de servicios no prestados o deficientemente
atendidos; la entrega y mantenimiento de anticipos a contratistas, con saldos
pendientes, sin amortizar. A esto se agrega la persistencia de la
discrecionalidad en la selección de contratistas, vulnerándose las
disposiciones que exigen el régimen de concurso de precios, ofertas, igualdad
de postulaciones y postulantes”. El manejo irregular de los recursos y los
presuntos actos de corrupción es lo primero que mencionan los agentes
fiscalizadores del Estado.
La
anterior no es la única situación. La CGR añade: “Bajo porcentaje de ejecución
física de las obras, ostensibles fallas de calidad y construcciones
paralizadas, circunstancias que en algunos casos, al negativo impacto social,
va aparejado el incremento de los precios por la acción especulativa y la
incidencia de la tasa inflacionaria (…) La paralización indefinida de obras,
bien porque no se previeron recursos o porque un nuevo gerente o directivo
público tenga una opinión distinta al anterior, frustrándose de esa manera las
expectativas populares”. En el informe se apunta a que las organizaciones
comunitarias incorporadas a proyectos de construcción han comenzado a incurrir
en los vicios de la administración pública: “El poco rigor en la vigilancia y
fiscalización para el correcto uso de recursos transferidos a consejos
comunales y organizaciones no gubernamentales, lo que ha hecho que, pese al
carácter colectivo de la administración y control de estas instancias
populares, se haya comprobado en su manejo, actos y acciones irregulares, que
afectan desde la ejecución de sus proyectos comunitarios y la rendición de
cuentas, hasta el cumplimiento de los cometidos que le asignan las leyes”.
El
país requiere de un Plan Nacional Integral de Vivienda con metas precisas por
lapsos determinados que abarque nuevas viviendas y consolidación de otras,
cálculos presupuestarios que incluyan el componente de servicios y líneas
precisas de coordinación institucional con estados y municipios. Además, debe
soslayarse el énfasis cuantitativista de mera construcción de casas por el
enfoque que apunte a la urbanización de suelos, rehabilitación de barrios y
verdadera edificación de hábitat.
Con la debida humildad, el Ejecutivo Nacional
debería escuchar las recomendaciones y partes de los diferentes sectores,
incluyendo las posibles recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU derivadas de los resultados del EPU.
Rafael Uzcátegui
@fanzinero
(Correo del Caroní, 26.09.11)
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