Este año para el Informe Anual sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Venezuela que cada año redacta Provea, me correspondió
elaborar el listado de sindicalistas que perdieron la vida de manera violenta.
Nombre, apellido, edad y circunstancias de la muerte. No es un asunto de letras
y números. Tras cada nombre hay una historia. Una historia de vida de quien
murió y una historia de dolor en la familia que tuvo que llevarlo hasta su
última morada.
Muchos de los sindicalistas asesinados tenían hijos e hijas.
Algunos tan pequeños que en su mente no llegó a gravarse la figura de su padre
como para llevar un recuerdo duradero. Algunos niños y niñas tuvieron la mala
suerte de presenciar como el cuerpo de sus padres caída al suelo, por la maldad
ejecutada tal vez otro que también tiene hijos pequeños.
Esposas, muchas muy jóvenes, embarazas que quedaron viudas
antes de dar a luz. Una de las características de los sindicalistas asesinados
es que una buena parte de ellos era menor a los 30 años. Así la violencia y no
el desamor acaba como parejas llenas de juventud.
Madres y padres que reciben la noticia sin mucha sorpresa.
Sus hijos ya habían sido amenazados y presentían lo peor. Incluso varios de los
asesinados tras las amenazas pidieron protección del Estado y este las concedió
en el papel, pero nunca les garantizó la vida, pues no se adoptó ninguna medida
efectiva de protección. Llama la atención que en un número significativo de
casos las víctimas reciben muchas perforaciones de bala. Se mata con saña, sin
contemplación.
Decir 250 sindicalistas asesinados no es una fría cifra de
las estadísticas de violencia que nos arropa. Se trata de vida y
lamentablemente también de muerte. El
país no puede seguir indiferente. Las instituciones no pueden continuar
indolentes.
En su último Informe Anual la Defensoría del Pueblo no
dedicó ni usa sola línea a esta situación. La Fiscal General prácticamente no
habla de estos homicidios. El presidente Chávez en unas desafortunadas
declaraciones en 2010 afirmó que en Venezuela no se asesinaba a sindicalistas.
Este año lo único positivo es que la dirigencia sindical de
diversas tendencias se preocupó un poco más por el problema. Hasta la fecha
había sido indiferente. ¿Cómo explicar que dirigentes sindicales sean
indiferentes al baño de sangre que afecta al sindicalismo en el país? Solo
ellos tienen la respuesta.
En la casi totalidad de los casos no hay una responsabilidad
directa del Estado. Es decir, los sindicalistas no han sido asesinados por
funcionarios del Estado. La otra parte de esta dramática realidad es que los
presuntos asesinos son otros sindicalistas o sicarios actuando por mandato de
aquellos. En una expresión de la corrupción que carcomió algunas estructuras
sindicales. Generalmente la venta de cupos de trabajo está de por medio. El
lucro a partir de la necesidad de los más pobres de obtener empleo.
Delincuentes disfrazados de sindicalistas haciéndole daño al verdadero
sindicalismo clasista y consecuente.
El Estado venezolano si es responsable por omisión. Porque
por mandato constitucional tiene la obligación de garantizar que terceros no le quiten la vida a nadie. Es
responsable por la alta impunidad existente. Mientras no se investigue con
seriedad y se sancione da manera ejemplar, la impunidad seguirá alimentando la
violencia.
En tiempos de promoción del desarme, estamos obligados a
desarmar la violencia sindical. Y en esa tarea todos podemos colaborar, pero le
corresponde en primer lugar a las instituciones del Estado y en segundo lugar a
la dirigencia sindical del país cualquiera sea su inclinación política. Es un
asunto de lucha por la vida, por la paz y por no seguir enlutando más familias
y dejando huérfanos a niñas, niños y adolescentes.
Marino Alvarado
26/09/2011
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