El hecho de que más del
50% de los jueces y el 100% de los fiscales y defensores públicos puedan ser
removidos de un momento a otro y sin que medie ningún procedimiento, por sus
superiores, es decir por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la fiscal
general de la República y la defensora pública general respectivamente,
preocupa a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
A esta conclusión se
arriba al revisar el contenido del informe que la sudafricana Navanethem Pillay presentó al Consejo de Derechos Humanos del organismo en el marco del Examen
Periódico Universal, evaluación a la que Venezuela será sometida en octubre
próximo para determinar su grado de cumplimiento de las garantías
fundamentales.
En el reporte, Pillay
señaló que recibió diez denuncias que hicieron referencia a la situación de
provisionalidad reinante en el Poder Judicial y resaltó lo señalado por los
organismos que forman parte del Sistema de Naciones Unidas: "La
provisionalidad de los jueces supone una limitante y puede condicionar su
independencia. El fortalecimiento institucional y material del sistema de
administración de justicia y la supresión de la provisionalidad en el
nombramiento de jueces, como medidas para reforzar la independencia judicial,
constituye un desafío para el Estado".
La comisionada recordó
los dos pronunciamientos que en 2009 hizo el relator de las Naciones Unidas
sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien al demandó que a
los jueces provisorios se les garantizara su estabilidad y que solo fueran
removidos tras procedimientos previstos en la ley y donde ellos pudieran
defenderse.
Estas exigencias fueron
planteadas a raíz de la decisión del TSJ de desconocer el fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se le ordenó reincorporar a tres
magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Juan Apitz,
Perkins Rocha y Ana Ruggeri).
En su informe Pillay tomó
nota de las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la cual en los últimos años ha cuestionado con insistencia que
ni el máximo juzgado ni el Ministerio Público estén realizando los concursos
públicos que ordena la Constitución para acceder a los cargos de jueces y
fiscales.
El caso de la suspendida
jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, también fue resaltado por
Pillay, quien recordó que el mismo se inició que porque la funcionaria atendió
una recomendación hecha por un Grupo de Trabajo del organismo internacional.
JUAN FRANCISCO ALONSO |
EL UNIVERSAL
miércoles 10 de agosto de
2011 12:00 AM
jalonso@eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/2011/08/10/provisionalidad-en-el-poder-judicial-preocupa-a-la-onu.shtml
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