7 de octubre. Ese día,
en la ciudad de Ginebra (Suiza), Venezuela será sometida por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Examen Periódico Universal,
evaluación que busca verificar el grado de cumplimiento de las garantías
fundamentales en cada uno de los países del mundo.
En un intento por salir bien parado y evitar, en lo posible, cuestionamientos el Gobierno Nacional ha movilizado a sus partidarios dentro y fuera del país, para que den fe de sus esfuerzos en pro de asegurarle a cada ciudadano sus derechos fundamentales.
Al parecer su petición ha sido atendida, al menos esta es la conclusión a la que se arriba al revisar el informe que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navanethem Pillay, presentó al Consejo sobre la situación de Venezuela.
En el documento, Pillay da cuenta que el mismo fue hecho a partir de los 579 reportes que le hicieron llegar organizaciones venezolanas y extranjeras sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.
Al revisar qué agrupaciones enviaron informaciones este diario se encontró con que 269 consejos comunales, 14 salas de batalla, cinco frentes de productores socialistas, una agrupación de mesas técnicas de Agua, la Comuna Socialista Ribereña del Caño Manamo "Hugo Rafael Chávez Frías" y la Misión Madres del Barrio, hicieron llegar a Pillay sus observaciones, lo cual representa casi 50% del total de los aportes.
Pero los informes que respaldan la gestión gubernamental no solo vienen de dentro de Venezuela, sino también desde el exterior. Así por ejemplo la Coordinadora de Organizaciones Solidarias con la República Bolivariana de México, el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos de España, el Instituto de Amistad con los Pueblos de Cuba hicieron llegar sus aportes al organismo.
Sin embargo, llama la atención que la mayor cantidad de reportes no vienen de la mayor de las antillas, sino de Bolivia, donde más de dos docenas de organizaciones enviaron documentos.
En un intento por salir bien parado y evitar, en lo posible, cuestionamientos el Gobierno Nacional ha movilizado a sus partidarios dentro y fuera del país, para que den fe de sus esfuerzos en pro de asegurarle a cada ciudadano sus derechos fundamentales.
Al parecer su petición ha sido atendida, al menos esta es la conclusión a la que se arriba al revisar el informe que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la sudafricana Navanethem Pillay, presentó al Consejo sobre la situación de Venezuela.
En el documento, Pillay da cuenta que el mismo fue hecho a partir de los 579 reportes que le hicieron llegar organizaciones venezolanas y extranjeras sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.
Al revisar qué agrupaciones enviaron informaciones este diario se encontró con que 269 consejos comunales, 14 salas de batalla, cinco frentes de productores socialistas, una agrupación de mesas técnicas de Agua, la Comuna Socialista Ribereña del Caño Manamo "Hugo Rafael Chávez Frías" y la Misión Madres del Barrio, hicieron llegar a Pillay sus observaciones, lo cual representa casi 50% del total de los aportes.
Pero los informes que respaldan la gestión gubernamental no solo vienen de dentro de Venezuela, sino también desde el exterior. Así por ejemplo la Coordinadora de Organizaciones Solidarias con la República Bolivariana de México, el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos de España, el Instituto de Amistad con los Pueblos de Cuba hicieron llegar sus aportes al organismo.
Sin embargo, llama la atención que la mayor cantidad de reportes no vienen de la mayor de las antillas, sino de Bolivia, donde más de dos docenas de organizaciones enviaron documentos.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
jueves 11 de agosto de
2011 12:00 AM
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