La falta de acceso a la información es una barrera para quienes intentan hacer contraloría social. El tema de la violencia se ha politizado, por lo que cada vez hay menos convivencia ciudadana.
Paz Activa entregó a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas su "Informe sobre la Situación de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Venezuela", en el cual destacó que la inseguridad se ha convertido en el principal problema de los venezolanos. La ONG señaló que el acceso a la información, a pesar de estar contemplado en el artículo 51 de la Constitución, es una de las "grandes barreras a las cuales se enfrenta el ciudadano común a la hora de exigir en alguna medida resultados a sus gobernantes o llevar adelante cualquier iniciativa de contraloría social desde la sociedad civil organizada". El estudio deja ver que, hasta el año 2005, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ponía a disposición de los periodistas las cifras semanales de violencia en el país. Después de que esta oficina dejó de publicar esos datos, las ONG y los comunicadores sociales contabilizan por sí mismos los asesinatos. "Las cifras generadas por organizaciones como la nuestra no son refutadas por el Estado, lo cual nos hace entender que estas se acercan o son inferiores a las que se manejan desde los entes responsables del Estado", dicta el texto. Tras recomendar al Gobierno que divulgue información sobre la criminalidad en Venezuela, Paz Activa recordó que recientemente, en la presentación de su memoria y cuenta, el ministro Tareck El Aissami reveló por primera vez en varios años que la tasa de homicidios que maneja su despacho se sitúa en 48 por cada 100 mil habitantes. "Esto es a razón de que algunos especialistas en la materia y la propia encuesta de victimización realizada por el Estado en 2009 situaban este indicador sobre los 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Estas disparidades son originadas exactamente por la negativa del Estado a difundir abiertamente este tipo de cifras, lo que permitiría a la sociedad hacer una verdadera contraloría de los avances que se logren en esta materia", añade el informe. DESMILITARIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Aunque el artículo 328 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas pueden ejercer cooperación en el mantenimiento del orden interno, esto no significa que deben sustituir las responsabilidades de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, según la ONG de seguridad ciudadana, la mayoría de las policías regionales, municipales y nacionales tienen directores provenientes del ámbito militar, lo que "imprime a esos cuerpos un carácter castrista". "Observamos con preocupación cómo el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana a cargo de la Guardia Nacional, una rama de las Fuerzas Armadas, se está desplegando a lo largo y ancho del país en respuesta a la emergencia de seguridad que presenta el país. Esto pareciera ser un aspecto positivo como respuesta al problema, pero este dispositivo no parece ser transitorio y consume importantes recursos económicos para su equipamiento en claro detrimento de los cuerpos de seguridad ciudadana civiles, municipales y regionales, que no cuentan con los recursos necesarios para graduar nuevos cadetes, mejorar la situación salarial de los funcionarios y adquirir equipamiento necesario para sus labores", añade Paz Activa. DISCURSO VIOLENTO GENERA VIOLENCIA Paz Activa reconoce que el Estado ha cambiado su postura respecto a la inseguridad, pues antes era considerado un problema estructural de la sociedad del consumo y no uno de políticas públicas. La situación ahora es que "el tema de seguridad ciudadana se ha politizado, a tal punto que entorpece los esfuerzos del Estado y de la sociedad en desarrollar políticas exitosas en la materia", por lo que la ONG sugiere al Estado promover convivencia social y política desde todas sus instancias, establecer relaciones positivas y de cooperación con los partidos opositores, además de promover los principios de libre asociación y participación social y política consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
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