El Estado venezolano aceptó 97
recomendaciones (la mayoría por estar en curso o implementadas) y rechazó 52
recomendaciones por considerarlas de "intromisión internacional o
extranjera en asuntos internos y a la soberanía y autonomía nacional", en
su mayoría referidas a corregir faltas de urgente atención en cuanto a las
garantías de independencia del poder judicial, libertad de expresión y
protección de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad
civil.
En informe recogido por el Grupo de Trabajo
del Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano expresó sus razones para
el rechazo de las 37 recomendaciones del siguiente modo:
"Venezuela no aceptó recomendaciones
que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se
inmiscuyen en sus asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas
de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población
venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía
de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando.
Algunas recomendaciones fueron aportadas de
manera vaga, sin sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran
cantidad de aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de
que el Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;
Muchas de las recomendaciones rechazadas
pretendieron darle órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones
y son contrarias a los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se
ha dado como proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para
superar los desafíos aún existentes en materia de DDHH".
En esta sesión final, el Estado venezolano
realizó su declaración y participaron 10 Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam,
China, Uruguay, Argelia, República Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los
cuales resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el
Estado venezolano a informado en cuanto a avances en materia de desigualdad
social y protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.
Asimismo tomaron la palabra 12
instituciones interesadas y ONG, entre las cuales participaron Foro por la Vida
y Sinergia en nombre de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, a
fin de manifestar al Consejo y la comunidad internacional su preocupación por
situaciones de severa restricción y vulneración de los derechos humanos en el
país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima importancia para
garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las obligaciones nacionales e
internacionales del Estado venezolano, así como a las normas para ocupar
puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.
Entre situaciones de alta preocupación se
encuentran:
1. El Estado no ha autorizado las
solicitudes de visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la
invitación hecha a la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha
autorizado las solicitudes de visita del Relator para Venezuela de la Comisión
Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones dirigidas a
garantizar la independencia del sistema judicial fueron rechazadas, como ha
ocurrido con las reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni, detenida
arbitrariamente desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones de la Corte
Interamericana desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal Supremo de
Justicia ha declarado "inejecutable" varias de ellas.
4. El rechazo de recomendaciones
relacionadas con las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de
defensores, junto con la aplicación de leyes y prácticas discriminatorias hacia
ellos y organizaciones de sociedad civil, ponen en duda la intención del Estado
de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.
Asimismo, las 150 organizaciones realizaron
un urgente llamado de atención y ratificaron su disposición al diálogo
constructivo y la búsqueda de soluciones a:
La gravísima situación de violencia: para
fin de 2011, la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000
habitantes; en las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
La sistemática criminalización de protestas
sindicales y sociales y la impunidad en los casos de asesinatos de
sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
Las amenazas y restricciones a los derechos
humanos de indígenas, de personas necesitadas de protección internacional y de
personas LGBT.
No se ha formulado el Plan Nacional para la
Protección de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
Aunque rechazó la recomendación 95.7, el
Estado debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la
Declaración de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad
civil, incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.
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