Así lo dejó en claro el Ejecutivo en el
informe final que le envió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
con motivo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que fue
sometido el país en octubre pasado.
En el reporte, el cual será discutido hoy
en Ginebra (Suiza), el Gobierno le informó al organismo internacional que
rechazó definitivamente las propuestas que le formularon los representantes de
Brasil, Uruguay, Noruega, Australia, Reino Unido y Estados Unidos para que
permitiera el ingreso de los funcionarios de las organizaciones regionales e
internacionales dedicadas a supervisar la situación de los Derechos Humanos.
"Cada invitación está sujeta a las
necesidades internas", replicó la Cancillería en su escrito de seis
páginas, en el cual se recuerda que el año viene se permitirá la llegada al
país del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación.
Los miembros de la CIDH tienen desde 2003
solicitando poder visitar Venezuela para constatar la situación de las
garantías fundamentales, pero las autoridades se niegan a invitarlos por
considerarlos parcializados y por su supuesto apoyo al intento de golpe de
Estado de abril de 2002. Con la misma suerte han corrido tanto el actual
relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank
La Rue, como su predecesor.
En su reporte, el Gobierno anuncia que
solamente aceptó dos de las 15 sugerencias que en octubre pasado pidió aplazar
para analizarlas con detenimiento. Entre los nuevos compromisos que asumió
están firmar la Convención para proteger a los trabajadores migratorios y el
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
A las reiteradas peticiones que recibió
para fortalecer la independencia del Poder Judicial, garantizar la libertad de
expresión y asegurar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, el
Ejecutivo respondió: "Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo
desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus
asuntos internos"; y seguidamente agregó: "Muchas de las recomendaciones
rechazadas pretendieron darle órdenes al Estado venezolano".
Fuente: jalonso@eluniversal.com
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