"Esta es una oportunidad única para
que el mundo conozca de este caso. Espero que la Corte se pronuncie a nuestro
favor para obtener justicia y conocer realmente lo que pasó. Confío también en
la justicia divina que tarde o temprano se va a llevar a cabo", expresó
ante los jueces la esposa de Castillo, Yelitze Moreno.
La CorteIDH celebró hoy en su sede en Costa
Rica la audiencia por el asesinato a balazos del defensor de derechos humanos
Joe Castillo, perpetrado en 2003, y la presunta falta de investigación del
caso, que fue archivado por las autoridades venezolanas en 2006.
Castillo fue asesinado mientras viajaba en
su automóvil en el estado de Zulia, acompañado por su esposa e hijo de año y
medio de edad, quienes resultaron heridos de gravedad pero sobrevivieron.
Moreno declaró que su esposo se dedicaba a
la protección y promoción de los derechos humanos de refugiados y desplazados
del conflicto armado en Colombia que cruzaban hacia Venezuela, así como al
activismo en favor de campesinos e indígenas para el resguardo de sus tierras.
La mujer narró los hechos ocurridos en 2003
cuando su esposo fue asesinado, así como las posteriores consecuencias que ella
sufrió tanto de salud como emocionales, ya que tuvo que someterse a un
tratamiento psiquiátrico durante cuatro años.
Según Moreno, el Estado nunca le
proporcionó ayuda psicológica a ella ni a su hijo.
"Fueron los peores días de mi vida,
fue horrible. Se me detuvo la vida, no sabía qué hacer. Nuestra vida cambió
totalmente y tuvimos que cambiar de residencia. Vivíamos con pánico y
terror", expresó Moreno entre lágrimas al narrar los días posteriores al
asesinato de su esposo.
Por su lado, el agente del Estado
venezolano, Germán Saltrón, cuestionó la imparcialidad de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la CorteIDH.
"Se ve que existe un criterio
desigual. Ahora que el presidente (Hugo) Chávez ha respetado los derechos
humanos en Venezuela es que se llevan casos sin ningún fundamento ante la
Comisión y la Corte, y eso demuestra la parcialidad que existe contra el Estado
Venezolano", declaró Saltrón a Efe.
Según Saltrón, antes de la llegada al poder
de Chávez, Venezuela fue acusado solo una vez ante la CorteIDH, mientras que
durante su mandato ya suman 12 casos, lo que a su juicio demuestra
"parcialidad" del sistema interamericano.
La demanda señala que el asesinato de
Castillo se mantienen en la impunidad y que el Estado no ha cumplido con
investigar debidamente el caso, ya que fue archivado en 2006.
El Estado presentó como testigo al fiscal
Elvis Rodríguez, quien conoció el caso desde 2005 y que afirmó que la
investigación se archivó porque con las pruebas obtenidas fue imposible
atribuirle el crimen a alguien.
Sin embargo, aseguró que el proceso
judicial dentro de Venezuela no está agotado, pues la esposa de Castillo aún
puede interponer un recurso contra el archivo del caso, que sería reabierto
únicamente si existieran pruebas "relevantes".
Viviana Kristicevic, directora del Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa en el proceso
como representante de las víctimas, dijo a Efe que este caso es
"fundamental" porque refleja la situación de riesgo que viven los
defensores de derechos humanos en Latinoamérica.
"Este caso evidencia las falencias de
las medidas de protección y política pública del Estado venezolano frente a una
situación de riesgo que le era conocida de personas que estaban vinculadas a
luchas sociales y a la defensa de derechos humanos en la zona fronteriza y que
eran objeto de hostigamiento por distintos grupos", dijo Kristicevic.
Los jueces de la CorteIDH analizarán el
caso durante los próximos meses para dictar sentencia.
Fuente: http://www.wunitv.com/noticia/2012/03/02/344297-venezuela-pone-duda-imparcialidad-cidh-corteidh.html
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