Sin embargo, organizaciones no
gubernamentales internacionales y nacionales tienen una visión distinta y
consideran que el hecho de que no aceptará sugerencias como las que buscaban
fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial o aquellas que lo
invitaban a dejar sin efecto leyes que restringen la libertad de expresión
revelan que no tiene la más mínima intención de avanzar en este ámbito.
"Si bien el Gobierno de Venezuela
aceptó muchas de las recomendaciones, rechazó varias sumamente importantes
destinadas a abordar algunos de los problemas de derechos humanos más urgentes
que enfrenta el país", lamentó Human Rights Watch, agrupación que consiguió
tomar la palabra ayer en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que se celebró para escuchar el informe final del Ejecutivo
sobre la evaluación a la que fue sometida el país en octubre pasado.
En su informe la agrupación internacional
lamentó especialmente que las autoridades no hayan aceptado ninguna sugerencia
para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, el cual consideran
parcializado y politizado.
"El ejemplo más evidente de la falta
de independencia judicial en Venezuela es el juzgamiento y la detención
arbitraria desde diciembre de 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni,
encarcelada el mismo día en que dispuso en forma legítima la liberación de un
empresario del sector bancario y opositor de Chávez acusado de corrupción. El
presidente se refirió a Afiuni como una "bandida" y afirmó que debía
recibir la "pena máxima", rememoró el representante de Human Rigths
Watch, quien acto seguido advirtió que "sin un control judicial efectivo de
sus actos, el Gobierno ha adoptado numerosas medidas que debilitan el derecho a
la libertad de expresión y la capacidad de los defensores de Derechos
Humanos".
En similares términos se pronunciaron los
representantes de las organizaciones venezolanas agrupadas en el Foro por la Vida
y en Sinergia, las cuales también consiguieron un derecho de palabra en el
organismo internacional.
Las agrupaciones expresaron su preocupación
porque las autoridades se mantengan inflexibles a la hora de permitir la visita
de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de
funcionarios de la ONU.
Asimismo también manifestaron su
consternación por la tozuda negativa de acatar los dictámenes de organismos
como la Corte Interamericana, pese a que la Constitución establece que ellas son
de obligatorio cumplimiento.
Defensora satisfecha
En contraposición, la defensora del Pueblo,
Gabriela Ramírez, se mostró complacida por los resultados arrojados por el
Examen Periódico Universal y por los compromisos que asumió el Gobierno.
"Considero muy favorables las
políticas desarrolladas que han permitido avances en la garantía progresiva de
los derechos a la salud, alimentación, agua, educación, tierra y cultura,
enfatizadas en la protección de las personas y grupos especialmente vulnerables.
Destaco los avances orientados a garantizar la mayor participación y
protagonismo del pueblo", aseveró Ramírez, quien ayer participó en la
sesión del Consejo de Derechos Humanos.
No obstante, la funcionaria reconoció que
todavía quedan muchas cosas por hacer y entre ellas destacó el tema de la
violencia, por lo cual recomendó a las autoridades seguir adelante con la
implementación del nuevo modelo policial y con la política de desarme de la
población civil.
Por último, la defensora se comprometió a
suministrar al Consejo y al Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navy
Pillay, información sobre el cumplimiento de las recomendaciones asumidas por
las autoridades.
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