El Gobierno rechazó definitivamente la
posibilidad de que organismos internacionales visiten Venezuela para evaluar
con la mayor precisión posible la situación de los derechos humanos.
En el informe final que el Estado presentó
ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se argumenta:
"Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de
su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos;
tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención y mal
fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la
consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos
humanos en las políticas públicas que se están implementando".
El Examen Periódico Universal, que por
primera vez se aplicó a Venezuela, comenzó en marzo de 2011. En octubre se
llevó a cabo el diálogo y se formularon 199 recomendaciones, de las cuales el
Estado aceptó 97 y rechazó 15.
Entre las recomendaciones rechazadas
destacan las relacionadas con la vigencia de la libertad de expresión, la
independencia judicial y el libre desempeño de las organizaciones no
gubernamentales.
Quedaban pendientes 15 sugerencias que
ayer, en Ginebra, fueron rechazadas y entre las cuales destacan las solicitudes
de autorización para que los organismos internacionales visiten a Venezuela a
efectos de recabar información de primera mano sobre la situación de los
derechos humanos.
Aprobado sin objeciones
En la sesión del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, el vicecanciller Temir Porras afirmó que Venezuela
ha adelantado pasos para cumplir sus obligaciones internacionales. A modo de
ejemplo, aseguró que 80% de las recomendaciones formuladas en el Examen
Periódico Universal están en plena ejecución.
Porras no respondió a los señalamientos
formulados por Feliciano Reyna, en nombre de 150 organizaciones no
gubernamentales venezolanas, que dejaban en entredicho tal afirmación.
"Desde 2004, Venezuela no acata las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos", recordó.
El activista insistió en la intransigencia
del Gobierno en cuanto al escrutinio internacional: "El Estado no ha
autorizado las solicitudes de visita hechas por seis mecanismos especiales ni
avanzó en la invitación hecha a la alta comisionada en octubre de 2011; tampoco
ha autorizado las peticiones de visita del relator para Venezuela de la
Comisión Interamericana, desde 2003".
Las objeciones al informe estatal fueron
pocas. Reyna apenas fue secundado en sus críticas por Human Right Watch y la
red IFEX.
Países aliados al gobierno de Chávez
coparon el derecho de palabra con felicitaciones por la reducción de la pobreza
en Venezuela. En ese sentido se expresaron Cuba, Nicaragua, Vietnam, China,
Uruguay, Argelia, República Dominica, Irán, Ecuador y Siria.
Al final de la sesión, el informe estatal
fue aprobado sin objeciones. Quedó la impresión de que el Estado superó el
examen de la ONU y de que Venezuela es un país respetuoso de los derechos
humanos.
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