El primer EPU para el gobierno de Hugo
Chávez comenzó en Ginebra puntual a las 8:00 de la mañana, y duró las tres
horas reglamentarias. La secuencia de los 75 países que previamente se anotaron
para dar su opinión y hacer sugerencias, fue interrumpida tres veces por la
numerosa delegación venezolana, encabezada por el ministro de Relaciones
Exteriores, Nicolás Maduro.
Con el tiempo cumplido, 25 delegaciones no
pudieron tomar la palabra, pero sus consideraciones serán incluidas en el
informe final que deberá presentar la troika, que quedó conformada por Burkina
Faso, Guatemala y República Checa, en el que analizarán las posiciones del
resto de los países.
Brasil participó en el veinteavo lugar y su
exposición fue vista como una de las más importantes, por el peso que tiene en
América Latina y por contar con un gobierno de izquierda, como el venezolano.
La delegada dejó claro que "la libertad de expresión es necesaria para la
democracia" y planteó un plan nacional de DDHH, en cooperación con la
sociedad civil.
De la preocupación por la creciente cifra
de homicidios se hicieron eco República Checa, Reino Unido, Francia, Turquía, y
otros más. La falta de independencia en el poder judicial fue sacado al ruedo
por Canadá y otros países industrializados.
Los primeros cinco países en intervenir son
aliados de Venezuela: Cuba, Nicaragua, Rusia, Bolivia y Ecuador. Los
americanos, pertenecientes a la Alba, elogiaron las políticas revolucionarias
aplicadas por Chávez, centrados en lo social y lo colectivo. Rusia, vendedor de
armas y material de guerra al país, se atrevió a preguntar cómo garantiza
Venezuela la libertad de información.
Japón fue el sexto país que tomó la
palabra. Ewald Scharfenberg, director ejecutivo en Venezuela del Instituto
Prensa y Sociedad (Ipys), le dio mayor significado a esta participación, en la
que se mostró preocupación por la libertad de expresión. "Se notó el
interés de esta delegación hacer saber su posición en el tema", dijo
durante un rueda de prensa posterior a la evaluación, que se realizó vía
Internet desde Ginebra.
Después de doce intervenciones, Venezuela
pidió la palabra. Los representantes de las organizaciones no gubernamentales
se prepararon para escuchar las respuestas. Pero Maduro dio la palabra primero
al procurador Carlos Escarrá y luego al ministro del Interior, Tareck El
Aissami, quienes leyeron discursos previamente elaborados sobre sus áreas de
acción. Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que los venezolanos
intentaban restar tiempo con declaraciones inconexas y propagandísticas, al
mejor estilo cubano.
También intervinieron la presidenta del
Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales; la fiscal general Luisa
Ortega Díaz; el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri,
y la ministra de asuntos indígenas, Nilcia Maldonado. Todos en el mismo esquema
discursivo.
Ya Uruguay había inaugurado dos temas que
serían recurrentes en la sesión: Facilitar la labor de las ONG y actores de la
sociedad civil y medios de comunicación; y extender invitaciones a los
relatores de temas de derechos humanos, que no vienen al país desde 2002.
Scharfenberg recordó que ya tres han hecho la solicitud de visitar Venezuela:
libertad de expresión, trato inhumano y defensoría.
A la primera petición uruguaya se fueron
plegando países, entre ellos República Checa, que además calificó de mínimo el
avance en materia de derechos humanos. Y a la segunda se unió Estados Unidos,
que mostró una profunda preocupación por la libertad de expresión. Además, el
país pidió la libertad para la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en
diciembre de 2009 por dejar en libertad condicional al banquero Eligio Cedeño y
luego de que el presidente Chávez exigió en televisión una pena de 30 años para
ella.
Al tomar Francia la palabra, el tema de la
libertad de expresión agarró un nuevo aire. La delegación citó un informe de la
Unesco de 2011 que muestra las restricción que en la materia aplica Venezuela y
recomendó al país reiterar su apego a este derecho, además de exigir tomar
medidas para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos,
requerimientos que repitieron Eslovaquia, Paraguay, Canadá y Noruega. Los dos
últimos pidieron cesar la persecución contra las ONG y no satanizar la
cooperación internacional.
Libertad de expresión
Las recomendaciones fueron precisas y
dirigidas a la libertad de expresión: mostró preocupación por los procesos
judiciales abiertos a periodistas. Pidió eliminar los delitos de desacato y
vilipendio, con una reforma al Código Penal. Suiza también pidió respetar este
derecho humano. E Indonesia, tan alejado cultural y geográficamente de
Venezuela sugirió "mejorar temas de libertad de expresión y persecución de
periodistas", al igual que Australia, Eslovenia, Canadá, Israel y Vietnam.
Alemania también tuvo una de las
participaciones más directas, al solicitar una evaluación de las medidas
legislativas en temas de libertad de expresión y revertir las que limitan este
derecho universal.
Sobresalientes del examen
La delegación de Bélgica de mostró
sorprendida de oír a vocero del Gobierno decir que las resoluciones del Sistema
Interamericano no aplican a Venezuela, y exigió reconocer las decisiones de la
CorteIDH, en una clara referencia a la habilitación de Leopoldo López para que
pueda presentarse como candidato presidencial
Israel sugirió suprimir la práctica de uso
del poder judicial para callar críticas al Gobierno
Pakistán dijo que se debe aprovechar el EPU
para mejorar los aspectos deficientes
Fuente: www.el-carabobeno.com
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