Compromisos y recomendaciones asumidas por
Venezuela: Entre los compromisos y las recomendaciones asumidas por el Estado
venezolano destacamos: El gobierno presentará el próximo año todos los informes
sobre Derechos Humanos pendientes, entre ellos, el Informe sobre los avances en
Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes y Derechos de las Mujeres, que debía
haber presentado en el 2008; Informe sobre los avances en la lucha contra la
Tortura y la Discriminación Racial, así como en favor de los derechos civiles y
políticos, que debía haber presentado entre 2004 y 2005; Informe sobre los
avances y desafíos en derechos económicos sociales y culturales que debía haber
presentado en 2006. También subscribirá y ratificará la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo de la Convención
contra la Tortura. Establecer un mecanismo permanente para elaborar informes,
dar respuestas oportunas y hacer un monitoreo a los compromisos internacionales
en materia de Derechos Humanos. Mejorar la atención a las personas víctimas de
delitos o de violaciones a Derechos Humanos, creando nuevas unidades de
atención a víctimas. Fortalecer la difusión y evaluación en Derechos Humanos en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Mejorar la atención a
todas las personas emigrantes o solicitantes de asilo y refugio, capacitando
para ello a los funcionarios y funcionarias públicas. Promover los derechos de
todas las personas con discapacidades, así como implementar efectivamente la
Ley contra la Discriminación Racial y el Programa de Acción de la Conferencia
Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la
intolerancia. Realizar acciones para mejorar el sistema penitenciario, así como
la atención y protección de todas las personas privadas de libertad. Mejorar la
asistencia sanitaria e integral a las mujeres embarazadas y a las víctimas de
violencia, así como el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes.
Implementar una política integral de desarme y prevención del delito y
fortalecer el sistema judicial para reducir la impunidad y la delincuencia.
Agilizar el proceso de demarcación de los territorios indígenas, con participación
activa de las propias comunidades. Fortalecer el diálogo y la cooperación con
la organización de Derechos Humanos, especialmente en el proceso de
implementación de las recomendaciones y el requerimiento del EPU, así como para
la posible implementación de un Plan de Atención en materia de Derechos
Humanos.
Preparación
Para llegar a esto, durante más de seis
meses, el Estado preparó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos
en el país. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos preparó también un informe recogiendo las observaciones y
recomendaciones de todos los relatores, grupos de trabajo y órganos de
protección a los Derechos Humanos. Más de 576 organizaciones sociales y no
gubernamentales también realizaron sus informes y recomendaciones al Estado
venezolano, las cuales fueron recogidas en otro informe por la Oficina de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Si profundizamos en el
análisis, de los 576 reportes, 20 fueron Informes conjuntos de varias
organizaciones y de los 556 informes preparados por una sola organización o
colectivo, tenemos que 376 fueron presentados por Organizaciones Nacionales y
180 por Organizaciones Internacionales o de otros países. De los 376 informes
nacionales, 269 fueron presentados por consejos comunales, 14 por diferentes
Salas de Batalla Comunales y 93 por otras organizaciones sociales y de derechos
humanos, incluyendo la Defensoría del Pueblo.
Procedimiento para la presentación del EPU
Una alta representación del Estado
presidida por el Canciller Nicolás Maduro presentó el informe nacional y
representantes de Burkina Faso, Guatemala y la República Checa conformaron la
Troika de países que recogieron todas las preguntas, propuestas y
recomendaciones que hicieron todos los Estados, así como las respuestas de
Venezuela. Durante el examen, nueve países hicieron 47 preguntas o
recomendaciones preliminares. El día del examen, desde la madrugada, más de 70
países se inscribieron para participar y hacer recomendaciones. Hubo mucho
interés y deseos de participar. 50 países lograron intervenir directamente y
hacer sus observaciones y recomendaciones, mientras que otros 26 presentaron
sus recomendaciones por escrito, ya que el tiempo no fue suficiente para intervenir
oralmente. En total, hubo 148 recomendaciones. El Estado venezolano aceptó 95
de ellas (64%), va a considerar otras 15 (10%) y rechazó 38 (26%). Además,
asumió diez compromisos para implementar, junto con las recomendaciones,
inmediatamente o en los próximos cuatro años. De las recomendaciones formuladas
por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Estado asumió casi un 50%.
Seguiremos insistiendo con las otras aún no asumidas, especialmente sobre la
urgencia de promulgar una ley para la prevención y sanción de la tortura, así
como implementar la Ley del Sistema de Justicia.
¿Y ahora qué?
En marzo de 2012, se presentará un plan de
implementación y un informe definitivo de todas las recomendaciones formuladas,
aceptadas y rechazadas. El próximo EPU será en octubre de 2016 y se realizará
una nueva evaluación en base al Plan y las recomendaciones aceptadas, así como
en los informes que se presenten ese año sobre la situación en el país;
esperamos que en estos próximos cuatro años avancemos más en el campo del
respeto a los Derechos Humanos. Ahora toca a las organizaciones sociales y de
derechos humanos, y a toda la sociedad, participar junto con el Estado en la
elaboración de un Plan para la implementación de las recomendaciones y el
seguimiento a las mismas.
¿Por qué un examen?
El Examen Periódico Universal (EPU) fue
creado por Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2006 debido a la
“necesidad de contar con un mecanismo a través del cual los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas pudieran ser revisados periódicamente por el
Consejo de Derechos Humanos, con respecto al cumplimiento de sus obligaciones y
compromisos en materia de Derechos Humanos”.
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