Así lo reseña una nota de prensa de la EPU-Venezuela:
Este 15 de marzo, se llevó a cabo la última sesión del
primer examen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 7 de octubre de 2011
se realizó el diálogo interactivo y la consignación de 199 recomendaciones al
Estado venezolano, en el que participaron más de 70 Estados miembros de la ONU.
El Estado venezolano aceptó 97 recomendaciones (la
mayoría por estar en curso o implementadas) y rechazó 52 recomendaciones por
considerarlas de “intromisión internacional o extranjera en asuntos internos y
a la soberanía y autonomía nacional”, en su mayoría referidas a corregir faltas
de urgente atención en cuanto a las garantías de independencia del poder judicial,
libertad de expresión y protección de defensores de derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil.
En informe recogido por el Grupo de Trabajo del
Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano expresó sus razones para el
rechazo de las 37 recomendaciones del siguiente modo:
“Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el
desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus
asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención
y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la
consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos
humanos en las políticas públicas que se están implementando.
Algunas recomendaciones fueron aportadas de manera
vaga, sin sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran
cantidad de aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de
que el Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;
Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron
darle órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones y son
contrarias a los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se ha
dado como proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para
superar los desafíos aún existentes en materia de DDHH”.
En esta sesión final, el Estado venezolano realizó su
declaración y participaron 10 Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam, China,
Uruguay, Argelia, República Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los cuales
resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el Estado
venezolano a informado en cuanto a avances en materia de desigualdad social y
protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.
Asimismo tomaron la palabra 12 instituciones
interesadas y ONG, entre las cuales participaron Foro por la Vida y Sinergia en
nombre de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, a fin de
manifestar al Consejo y la comunidad internacional su preocupación por
situaciones de severa restricción y vulneración de los derechos humanos en el
país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima importancia para
garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las obligaciones nacionales e
internacionales del Estado venezolano, así como a las normas para ocupar
puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.
Entre situaciones de alta preocupación se encuentran:
1. El Estado no ha autorizado las solicitudes de
visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la invitación hecha a
la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha autorizado las solicitudes
de visita del Relator para Venezuela de la Comisión Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones dirigidas a garantizar la
independencia del sistema judicial fueron rechazadas, como ha ocurrido con las
reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de
poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente
desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana
desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha
declarado “inejecutable” varias de ellas.
4. El rechazo de recomendaciones relacionadas con las
garantías a la libertad de expresión y al trabajo de defensores, junto con la
aplicación de leyes y prácticas discriminatorias hacia ellos y organizaciones
de sociedad civil, ponen en duda la intención del Estado de cumplir con sus
obligaciones en derechos humanos.
Asimismo, las 150 organizaciones realizaron un urgente
llamado de atención y ratificaron su disposición al diálogo constructivo y la
búsqueda de soluciones a:
1. La gravísima situación de violencia: para fin de
2011, la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000 habitantes;
en las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
2. La sistemática criminalización de protestas
sindicales y sociales y la impunidad en los casos de asesinatos de
sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
3. Las amenazas y restricciones a los derechos humanos
de indígenas, de personas necesitadas de protección internacional y de personas
LGBT.
4. No se ha formulado el Plan Nacional para la
Protección de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
5. Aunque rechazó la recomendación 95.7, el Estado
debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la Declaración
de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.
Fuente: http://www.noticierodigital.com/2012/03/epu-venezuela-acepto-97-recomendaciones-y-rechazo-52/
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