Ramírez destacó la “amplia” participación
de las organizaciones sociales en dicho proceso y valoró los esfuerzos
dirigidos a asegurar el disfrute de los derechos fundamentales, así como a
superar las condiciones históricas “por la cuales la gran mayoría de la
población había quedado excluida de las posibilidades de tener una vida digna”.
“Considero muy favorables las políticas
desarrolladas que han permitido avances en la garantía progresiva de los
derechos a la salud, alimentación, agua, educación, tierra y cultura,
enfatizadas en la protección de las personas y grupos especialmente
vulnerables. Destaco los avances orientados a garantizar la mayor participación
y protagonismo del pueblo”, afirmó.
La Defensora también se refirió a la
instauración del nuevo modelo policial venezolano y a la reciente política
dirigida al abordaje de la violencia letal a través del control de las armas de
fuego y el desarme, los cuales evaluó “positivamente” por ser cónsonos con los
derechos humanos. “Recomiendo que se continúe trabajando en el impulso de una
estrategia integral de atención a la violencia social”, señaló.
Finalmente, Ramírez reiteró su compromiso
con el Consejo, la Oficina de la Alta Comisionada y el CIC, para dar a conocer
las recomendaciones derivadas del EPU, así como de aplicar un mecanismo para su
seguimiento.
La intervención de la Defensoría del Pueblo
de Venezuela se realizó durante la aprobación del informe del Examen Periódico
Universal de la República Bolivariana de
Venezuela. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el
cual se vigila regularmente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados
miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos
humanos.
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