Los asesinatos, agresiones o amenazas a
defensores de los derechos humanos en América Latina “continúan”, denunció hoy
la Cidh en un informe, en el que destaca especialmente la “preocupante”
información proveniente de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México y Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Cidh) presentó este martes en Washington su segundo informe sobre la Situación
de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas.
El estudio constituye un seguimiento al
primer reporte del organismo, presentado en 2006, y pretende servir de
“herramienta de reivindicación de sus derechos” para los defensores de derechos
humanos en la región.
En una de sus principales conclusiones, la
Cidh constata que, seis años después de su primer informe y recomendaciones,
“continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas,
seguimientos y allanamientos” contra este colectivo de personas que, subraya la
Comisión, realizan una labor “fundamental para la implementación universal de
los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el
Estado de Derecho”.
Otro motivo especial de preocupación para
la Comisión es la existencia de una “creciente sofisticación en los mecanismos
destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción
de los derechos humanos”.
Algo que, según la Cidh, se refleja en la
“iniciación de acciones penales sin fundamento, la restricción de fuentes de
financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y
efectivos para su protección”.
En el informe, la Cidh destaca la
“información preocupante” que dice haber recibido para la elaboración de su
nuevo informe, de casi 300 páginas, especialmente de países comoBrasil,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, “en donde los ataques
a las defensoras y los defensores afectan seriamente el respeto a los derechos
humanos”, advierte.
Colombia sigue registrando algunas de las
cifras más altas en cuanto a agresiones o asesinatos de defensores de los
derechos humanos se refiere, cuya responsabilidad grupos locales atribuyen “en
gran parte” a “agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares
post-desmovilización e integrantes de las Farc y el ELN”.
México también destaca en la lista de
países preocupantes, con decenas de agresiones y asesinatos de defensores de
los derechos humanos especialmente en los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca
y Guerrero, de acuerdo con los datos recabados por la Cidh.
Según los reportes, los ataques a este
sector son perpetrados sobre todo por “actores no estatales pertenecientes al
crimen organizado” y por “sectores opositores a las causas lideradas por los
defensores”. Pero, agrega la Cidh, estas agresiones se producen “sin que las
autoridades impidan los ataques y, por el contrario, (…) habría ocasiones en
que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el ‘trabajo sucio’ como
método para eludir su responsabilidad”.
Mientras, según la Cidh, desde 2006 al
menos 59 defensores fueron asesinados en Guatemala. Una situación agravada por
la “impunidad” y el alto porcentaje de ataques contra los que promueven el
esclarecimiento de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado,
algo “invaluable para el conocimiento sobre los hechos denunciados y la sanción
a los responsables”.
En Honduras, la Cidh constató entretanto un
“agravamiento” de la situación tras el golpe de Estado de junio de 2009. Según
denuncia en su informe, desde entonces y hasta 2010 las organizaciones locales
registraron unos 675 casos de agresiones, a las que se unirían otras 65 en los
primeros tres meses de 2011.
Específicamente, en el “contexto de la
crisis política generada por el golpe”, la Cidh recibió información de los
asesinatos de “9 defensores de derechos civiles y políticos; 3 líderes
sindicalistas; 14 defensores de derechos de los pueblos indígenas; 5 defensores
de los derechos de las personas LGTB; 19 defensores del medio ambiente; 13
líderes magisteriales y 12 líderes sociales vinculados al Frente Nacional de
Resistencia”, detala la Comisión.
En el caso de Brasil, la Cidh destaca que
los asesinatos responderían sobre todo a represalias “por parte de particulares
como consecuencia de sus actividades de defensa del medio ambiente y la
propiedad de sus tierras”, mientras que en El Salvador tienen su origen en su
oposición al “desarrollo de industrias mineras que podrían afectar el medio
ambiente y los territorios de sus comunidades”.
En el caso de Venezuela, el colectivo más
atacado es el de los líderes sindicales, de los que fueron asesinados un centenar
en el último lustro, según el informe de la Cidh, para la que la “falta de
idoneidad y efectividad” de los mecanismos de protección de los defensores de
derechos humanos en estos países se traduce en la “continuidad de los ataques”
contra este colectivo.
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