"Aceptamos lo que era justo,
razonable, equitativo y que se adapte a nuestro sistema constitucional. No
admitimos sugerencias que eran falsas, irritantes, prepagadas, tendenciosas. Y
sobre las diferidas, habrá que estudiar algunas de aquí a marzo, para
determinar si son viables o no".
Así lo manifestó este viernes el procurador
general de la República, Carlos Escarrá, quien se pronunció sobre las
reacciones de la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte de
Venezuela, el pasado 7 de octubre en Ginebra, Suiza.
Sobre el tema de la libertad de expresión,
dijo: "Señalamos que nosotros no teníamos códigos como en Estados Unidos,
Israel, Inglaterra, donde hay código naranja, verde, azul, rojo, lo que permite
al Estado intervenir cualquier medio, en cualquier momento. En Venezuela no
existe eso. Lo que sí existe es la responsabilidad de los medios en general y
de los periodistas en particular sobre las opiniones que emitan. Es la
responsabilidad de una persona por lo que dice", estimó.
Escarrá reiteró que cada país goza de
autonomía para asumir y aplicar las recomendaciones que se le extienden en el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
"De las 148 recomendaciones que
Venezuela recibió en el EPU, aceptó 95 y rechazó 38. De las 95 aceptadas, 75 ya
están encaminadas, 20 están por ser aplicadas y 15 están en evaluación",
destacó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Sobre las Metas del Milenio fijadas en el seno
de la ONU para el 2015, que Venezuela ya cumplió en un 80%, el Procurador
destacó la disminución de la pobreza, la alfabetización, el acceso a la
educación, el sistema de salud, el acceso al empleo. "Todos aquellos
objetivos que tienen incidencia en el área social, se han alcanzado",
precisó según indicó la agencia oficial.
Escarrá cuestionó la posición de países
claramente prejuiciados, como Israel, Estados Unidos, Francia, Eslovaquia,
República Checa, Alemania y Noruega. "Estas naciones expusieron en el foro
un conjunto de mentiras; dijeron que nosotros teníamos legitimada la esclavitud
de menores, y a la mujer sometida a procesos discriminatorios, con trabajos
forzosos", consideró.
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