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Desde Ginebra, Provea recomienda al Estado venezolano que elimine disposiciones que criminalizan las protestas

PATTY FUENTES GIMÓN

Miembros de la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), de América Latina y el Caribe, recomiendan a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sugerir a Venezuela que, a partir de 2012 (año electoral), garantice el derecho a la libertad de expresión.

A la espera del Examen Periódico Universal, al que se someterá Venezuela este viernes ante las Naciones Unidas, IFEX se reunió esta semana en Ginebra con Provea, ONG que informó acerca del aumento de manifestaciones pacíficas vinculadas a las reivindicaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el país.

Entre otras cosas, IFEX pide que se exija al Estado venezolano que mantenga una “posición pública gubernamental permanente que promueva el derecho a la libertad de expresión y condene los ataques físicos contra medios y periodistas”; que el Gobierno coordine la implementación de medidas de protección por parte de instancias internacionales para los trabajadores de medios; y que investigue las agresiones contra reporteros y medios de comunicación.

Además, la red que defiende la libertad de expresión solicita que el Estado venezolano modifique o derogue las leyes que favorecen la censura previa, penalicen el desacato o vilipendio y establezcan “excepciones imprecisas o ambiguas para la libertad de expresión y el acceso a la información”; que invite al país a los relatores especiales de libertad de expresión para que constaten la situación de este derecho; que promueva una ley sobre el acceso a la información y que “garantice la pluralidad y diversidad en los medios de comunicación audiovisual”.

PROTESTAS REPRIMIDAS
Provea, en cuanto a las manifestaciones pacíficas, presentó también en Ginebra recomendaciones al Estado venezolano. Entre ellas, destacó la importancia de que se privilegien en el país las vías de diálogo atendiendo las demandas de quienes participan en protestas; que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas de los agentes del Estado que “hayan incurrido en violaciones de los Derechos Humanos durante las actividades de control del orden público”.

Además, sugirió que se elimine la aplicación de disposiciones penales que criminalizan los procesos de exigibilidad de DDHH y que implemente, de manera efectiva, los estándares internacionales para el “uso progresivo y proporcionado de la fuerza al momento de controlar las manifestaciones públicas”.

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=59829&tipo=AVA

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