Venezuela requiere una modificación del Código Penal y del Código de Justicia Militar para garantizar la salud de su democracia, ya que contienen normas que limitan la libertad de expresión, afirmó hoy la abogada Cecilia Sosa Gómez.
En diálogo con Notimex, la ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que las figuras de desacato y vilipendio son invocadas a menudo por los gobiernos dictatoriales para cercenar la libre expresión del pensamiento.
La propuesta para modificar estas leyes es de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y se inserta en el Examen Periódico Universal en Derechos Humanos que realizará la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela en octubre próximo.
Sosa Gómez sostuvo que la legislación en referencia contiene normas que implican regresión en las garantías del derecho a la libertad de expresión e información, y aumentan la discrecionalidad de los jueces para decidir si una expresión constituye o no delito.
"Si yo fuera la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desaplicaría esas normas y emplazaría a todos los jueces de la República a considerarlas por ser contrarias a la Constitución Nacional", afirmó la ex magistrada.
La jurista constitucionalista recordó que en Venezuela se demandó ya la nulidad de esas normas del Código Penal por ser contrarias al sistema interamericano, pero la Sala Constitucional "mandó a la porra" a los demandantes y rechazó dar curso a la petición.
"Por cierto que esta sentencia fue muy cuestionada, porque ratificaba las bondades del sistema interamericano, considerándolo interesante, pero en conclusión señalaba que en Venezuela se aplicaba sólo lo que decían las leyes nacionales", señaló.
Sosa Gómez destacó que el objetivo de las ONG es hacer concordar el sistema interamericano con la legislación nacional, y "con mucha razón exigen la eliminación del desacato y el vilipendio".
Consideró "loable" la iniciativa, ya que Venezuela es parte de ese tratado y porque se avecina un proceso electoral, en el cual el gobierno intentará impedir que las actuaciones públicas de sus funcionarios sean criticadas o cuestionadas por la ciudadanía.
NTX/RRV/JAH/JGN/
Por: Rodolfo Rivera. Corresponsal
Caracas, 11 Sep
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