Venezuela forma parte de las 193 naciones que se someten este año al Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, donde una delegación del país presentará el próximo 7 de octubre la situación de Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas.
Con este examen, que se realiza cada cuatro años, se asegura la participación de todos los actores. Por eso, se apoya en los informes presentados por el Estado examinado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y las ONG.
En este sentido, 144 ONG venezolanas manifestaron las 35 preocupaciones más importantes de Venezuela, entre las que destacan la defensa y promoción de los DDHH; la libertad de expresión y acceso a la información; el derecho a la vida, libertad y seguridad ciudadana; las garantías judiciales y acceso a la justicia; los derechos sociales y ambientales y el derecho a la no discriminación.
El EPU no es contencioso: se trata de un proceso de negociación donde los Estados miembros de la ONU llegan a un acuerdo para plantear recomendaciones al país evaluado, que puede aceptarlas o no.
Marino Alvarado, director de Provea, destaca que el objetivo del EPU es generar un diálogo entre el Estado y la sociedad para diseñar políticas públicas que mejoren la situación de los DDHH. El director de Espacio Público, Carlos Correa, coincide con Alvarado y añade que este examen “es una oportunidad para que haya un debate centrado en la construcción de propuestas que permitan superar los problemas”.
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DDHH
En el año 2010 se presentaron 21 casos de violaciones contra defensores y organizaciones de DDHH, lo que representa un aumento de 91% respecto al año anterior.
En el año 2010 se presentaron 21 casos de violaciones contra defensores y organizaciones de DDHH, lo que representa un aumento de 91% respecto al año anterior.
Entre 2008 y 2009, seis sentencias de la Corte Interamericana de DDHH no fueron acatadas por el Estado. La Corte ha dictado 17 medidas cautelares para situaciones venezolanas, pero el Estado no las acata.
La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y la Ley Orgánica del Poder Popular desconocen a organizaciones que no se hayan conformado como organizaciones del Poder Popular.
En 2010, 34 organizaciones fueron denunciadas por el delito de traición a la patria ante órganos judiciales por realizar actividades con fondos de la cooperación internacional. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional establece sanciones a quienes defiendan los derechos políticos con recursos de cooperación internacional.
En los cuatro años que cubre el EPU, ningún representante de órganos internacionales de protección de DDHH ha sido autorizado de visitar el país.
Venezuela no ha adoptado ninguna medida para implementar el Estatuto de Roma.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar profundizan el vilipendio contra funcionarios, aumentan la discrecionalidad de jueces para decidir si una conducta encuadra en el tipo penal respectivo y discriminan al diferenciar al funcionario respecto de la persona, limitando el escrutinio de la gestión pública.
Más de 2.400 personas están sometidas a procesos penales por haber participado en protestas públicas.
En 2008, de 157 solicitudes de información presentadas a 50 instituciones públicas, más de 70% fueron negadas y sólo 10% de ellas generaron respuestas adecuadas.
Altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente Chávez, mantienen un discurso polarizador que contribuye a generar situaciones de hostilidad e intolerancia en contra de personas o medios de comunicación que critican al Gobierno.
Entre 2006 y 2010, ocho periodistas fueron asesinados y se registraron 89 oportunidades en las que el discurso político rebasó los límites de la crítica legítima a medios y periodistas. En 2010 se contabilizaron 211 ataques contra comunicadores sociales.
DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
En los últimos 10 años, han sido asesinadas 124.500 personas. Más de 80% de los homicidios ocurre en hombres entre 15 y 44 años, de bajo estrato social. En los barrios suceden 62% de estas muertes y 70% son perpetradas por hombres entre 22 y 44 años. Casi 100% de los asesinatos son cometidos con armas de fuego.
En los últimos 10 años, han sido asesinadas 124.500 personas. Más de 80% de los homicidios ocurre en hombres entre 15 y 44 años, de bajo estrato social. En los barrios suceden 62% de estas muertes y 70% son perpetradas por hombres entre 22 y 44 años. Casi 100% de los asesinatos son cometidos con armas de fuego.
En 2009 fueron asesinadas 19.113 personas, lo que ubica la tasa de homicidios en 75 por cada 100 mil habitantes. Más de 40% de los familiares de estas víctimas no denunciaron porque creen que la policía participó en el delito.
Entre 2000 y 2007, el Ministerio Público recibió 6.405 denuncias de casos de ajusticiamientos que involucraron a 7.243 víctimas. Anualmente, son ajusticiadas 900 personas.
A finales de 2010, los centros penitenciarios albergaban a 44.852 reclusos, a pesar de tener capacidad para 17.500. De estos, 30.360 sigue a la espera de sentencia y sólo 14.492 han recibido condena.
Entre 1999 y 2010, murieron 4.506 privados de libertad y 17.510 resultaron heridos. Promedio anual: 409 asesinados y 1.591 heridos.
Ninguna de las instituciones venezolanas de justicia alcanza siquiera 50% de aprobación por parte de los ciudadanos. Las peores evaluadas son las municipales, estadales y las del sistema penitenciario.
GARANTÍAS JUDICIALES Y ACCESO A LA JUSTICIA
En 2009 ingresaron a la Defensa Pública 139.271 casos y sólo fueron concluidos 25.965.
En 2009 ingresaron a la Defensa Pública 139.271 casos y sólo fueron concluidos 25.965.
La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales y afectan especialmente a las mujeres como principales denunciantes, quienes en su mayoría sufren un grave proceso de revictimización: 70% es objeto de amenazas y actos de hostigamiento para inhibir sus acciones de búsqueda de justicia.
De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de DDHH en 2009, sólo 315 (3,28%) decisiones fueron producto de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales.
En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares, por lo que los jueces provisorios pasaron a ser de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial. En 2010, se eligieron anticipadamente nueve magistrados titulares para el
Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes. Las consecuencias han sido altos índices de impunidad: superior a 90% en delitos comunes y 98% en violaciones de DDHH.
Entre 2006 y 2010, fueron asesinados 181 sindicalistas y trabajadores por conflictos laborales. De 46 casos de este tipo que se presentaron entre 2008 y 2009, la Fiscalía emitió órdenes de captura en nueve oportunidades y sólo en uno fue presentado un presunto responsable ante los tribunales.
GARANTÍAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Cada año aumentan las cifras de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. No se conocen los números exactas porque predomina la desinformación. También se desconoce cuál es el presupuesto público destinado a la niñez y a la adolescencia.
En 2007 se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero existen violaciones que obstaculizan el acceso a la justicia, no cuenta con reglamento y existe impunidad en 96% de los casos presentados ante el Ministerio Público.
En Venezuela existe un déficit de 2.800.000 viviendas, número que se agravó con las lluvias de finales de 2010, que mostraron la vulnerabilidad de cerca de un millón de viviendas construidas en laderas de montañas, zonas de vaguadas y de alto riesgo.
Desde hace más de cuatro años, no se publica información sobre los incidentes de la industria petrolera ni del cumplimiento de los convenios ambientales de carácter vinculante que ha ratificado el Estado.
La red de centros públicos de salud compuesta por 211 hospitales (que atiende a 60% de la población) presenta deficiencias debido al cierre de unidades de terapia, quirófanos y salas de consulta en 40% de aquellos por renuncias masivas de personal.
DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN
Entre 2010 y 2011 fueron asesinadas más de 20 personas por su identidad de género u orientación sexual. Venezuela es uno de los pocos países de la región que no ha tomado acciones para asegurar la igualdad ante la ley de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex.
Desde 2009 se han presentado fallas crónicas en el suministro de antirretrovirales que afectan a 50% de quienes los reciben. Once mil personas contraen anualmente el VIH y las muertes por sida pasaron de 4,65 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 6,08 en 2007.
A pesar de la obligación constitucional de demarcar las tierras indígenas, esto no se ha hecho. Entre 2005 y 2009 sólo se entregaron 40 títulos que favorecieron a 78 comunidades con 15.294 personas, lo cual representa 1,6% de la población indígena.
Se mantienen las prácticas ilegales de minería con graves consecuencias para la población indígena. Según el Ministerio de Pueblos Indígenas, en 2010 los mineros ilegales llegaron a ser 60 mil y devastaron en nueve meses 20 mil hectáreas en Amazonas.
La documentación para acreditar la identificación del solicitante de refugio es inadecuada pues impide el goce de derechos en áreas como registro de empleo formal, inscripción en el seguro social, certificaciones por estudios realizados y libre tránsito.
Por Patty Fuentes Girón
Tal Cual
Por Patty Fuentes Girón
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