Hay un problema estructural en el Poder judicial: jueces, fiscales y demás funcionarios no se dan abasto. La Defensa Pública concluyó en 2009 casi 26.000 casos, pero recibió otros 139.271. Ese mismo año, sólo 3% de los más de 9.200 denuncias de violaciones a los derechos humanos llegaron a resolverse en tribunales. Son solo algunas cifras que Cofavic, Provene, Control Ciudadano y otras de las organizaciones de la sociedad civil plantearon a Naciones Unidas en el proceso previo al Examen Periódico Universal al que se someterá el país en octubre. Las cárceles son otra de las aristas que hay alrededor del tema, alojan más de dos veces la población para las que fueron planificadas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, casi 70% de los 44.852 ciudadanos que el año pasado estaban privados de libertad no han sido sentenciados o ni siquiera han ido a juicio, lo que señalan como una violación al derecho de presunción de inocencia. El resumen que compiló la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre todos los informes que recibió a favor y en contra del Estado, también advierte que la provisionalidad de los jueces condiciona su independencia.
Más de 120.000 muertos en 10 años
En la última década hay registros de 124.500 ciudadanos que murieron dentro del país a manos del hampa común, organizaciones criminales o en ajusticiamientos policiales. Se trata de una preocupación que el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana consignó a Naciones Unidas como preámbulo para advertir sobre las tasa de homicidios del país. Esa y otras ONG por eso buscan que los embajadores del Gobierno respondan en Ginebra: "¿Por qué se restringe la información sobre datos estadísticos de criminalidad?", "¿Cuáles son las razones por las cuales existe un índice tan elevado de impunidad?" y"¿Por qué Venezuela posee la tasa más alta de homicidios de Sur América si la pobreza y la inclusión, según cifras oficiales, descendió de 70% a 23% entre 1996 y 2009?". Los datos más recientes indican que en el país mueren 48 por cada 100.000 habitantes, pero en las cárceles la situación es aún peor. La organización Una Ventana para la Libertad advierte sobre un promedio de 409 reclusos muertos cada año, lo que convierte a los penales venezolanos en los más peligrosas. Ante ese panorama, proponen aprobar una Ley de Desarme.
34 ONG "traidoras a la patria" En los últimos años se han aprobado varios instrumentos legales que obstaculizan la labor de las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y voces independientes a los poderes públicos. Las leyes del Consejo Federal de Gobierno y del Poder Popular sólo reconocen a las "Organizaciones del Poder Popular" que se registren ante el Ejecutivo nacional, mientras que la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional establece multas y hasta prisión para quienes defiendan derechos políticos con fondos de cooperación internacional. Ante esa situación, la Unesco manifestó preocupación porque esas limitaciones afecten a la estabilidad de las ONG. De hecho, ya hay amenazas concretas: el informe que Sinergia consignó a Naciones Unidas para el encuentro de octubre destaca que 34 organizaciones civiles fueron denunciadas por el delito de "traición a la patria" ante el sistema judicial, por financiar sus actividades con fondos de cooperación internacional. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia negó a la Asociación Civil Súmate ejercer un derecho, por considerarlo un "agente externo" a causa de que se sostiene con fondos internacionales.
181 sindicalistas asesinados
En los últimos seis años hay noticias de 181 trabajadores y dirigentes sindicales que fueron asesinados a raíz de conflictos laborales y denuncias sobre acaparamiento de plazas de trabajo. La gran mayoría de esos homicidios se encuentra impune. "De 46 casos entre 2008 y 2009, la Fiscalía emitió órdenes de captura en 9 y sólo en uno fue presentado un presunto responsable ante tribunales", advierte Provea en el informe que remitió a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU con motivo del Examen Periódico Universal. Solicitan, a través de ese instrumento, que se reactive la mesa que el Gobierno compartió con varios sindicatos para prevenir nuevos crímenes. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo añade -entre las preocupaciones que envió para la cita de octubre- que la reforma del Código Penal venezolanos y otras leyes restringen el ejercicio de los derechos de manifestación y de huelga. El Sistema de Naciones Unidas advierte -sin embargo- que hay avances en materia laboral y entre ellos, destaca los reglamentos e instrumentos jurídicos que obligan a las empresas a no negar vacantes de trabajo a un paciente con VIH.
Faltan 2,8 millones de viviendas
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la vivienda, las propias cifras oficiales que publicó el Ministerio para la Vivienda y Hábitat en 2007 señalan un déficit de 2.800.000 unidades habitacionales. Lejos de mejorar en los últimos cuatro años, el panorama es menos optimista desde finales del año pasado, cuando las lluvias afectaron al menos otro millón de estructuras principalmente ubicadas en laderas de montañas, cabeceras de los ríos y zonas de riesgo. Es una situación a la que varias ONG solicitaron poner la lupa: Provea advierte -a través del informe que consignó ante Naciones Unidas- que "el plan nacional de vivienda no es el reflejo de un proceso estructurado y global de planificación"; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello agrega que muchos de los damnificados no están recibiendo respuesta a sus solicitudes de refugio en el plazo de 90 días que establece la ley, y la Fundación Agua Clara alerta -por su parte- que algunos planes habitacionales del Gobierno están levantando casas prefabricadas con materiales de construcción nocivos para la salud, como lo es el policloruro de Vynilo PVC.
2.400 enjuiciados por protestar
En materia de libertad de expresión hay varios puntos que la sociedad civil reclama al Gobierno y el resto de los poderes del Estado. Provea pregunta, por ejemplo, si es un delito protestar. Además de denunciar que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otros instrumentos jurídicos, restringen los derechos a la huelga, da cuenta de más de 2.400 ciudadanos que están sometidos a procesos penales con medidas sustitutivas de libertad, por haber participado en manifestaciones públicas. El Instituto de Prensa y Sociedad añade que los atentados contra los medios de comunicación y sus trabajadores han ido aumentando en los últimos años; entre 2007 y 2010 han registrado 838 profesionales de la comunicación amenazados o agredidos durante o a raíz del ejercicio de su trabajo. Espacio Público, Transparencia Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la UCAB coinciden, por su parte, en la necesidad de discutir el Proyecto de Ley de Acceso a la Información que reposa en la Asamblea Nacional, así como de revisar el papel del recién creado Centro de Estudio Situacional de la Nación, que permite reservar información "sobre cualquier aspecto de interés nacional".
60% de los hospitales inconclusos
En la Asamblea Nacional reposan denuncias de obras incompletas en 60% de los 211 hospitales que conforman la red de centros públicos de salud tradicionales; son contratos que suman 4.000 millones de bolívares y que muchos no llegaron a ser concluidos. El caso fue remitido por Provea a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU como muestra de una vulneración con respecto al derecho a la salud. En la misma onda, la Fundación Agua Clara reportó fallas en la calidad del agua potable: por un lado advierten más contaminación en los ríos del territorio nacional y por otro destacan que la infraestructura de las plantas de tratamiento es obsoleta, por lo que el Gobierno ha aumentado las dosis de cloro como solución al problema. "Análisis realizados demuestran que en aguas tratadas hay presencia de hipercloración", alertan en el informe que mandaron a Naciones Unidas. "Hay un mal estado de las redes de distribución y un grave daño a las cuencas de los ríos de la región amazónica al sur del país, que están siendo deterioradas por la minería ilegal, la expansión de las fronteras agrícolas y la tala, también ilegal, de la industria maderera".
98% de los indígenas sin tierras A pesar de que la Constitución obliga a demarcar el área en la que viven las comunidades de aborígenes, solo hay casos aislados. A través de los informes que consignaron ante Naciones Unidas, varias de las organizaciones no gubernamentales advierten que únicamente se han entregados 40 títulos para poco más de 15.000 indígenas. Así como varias organizaciones de Bolivia, Cuba y otros países enviaron informes favorables al Gobierno nacional, la Universidad de Oklahoma criticó la situación de las etnias nativas. De hecho, calculan -en su reporte- que sólo 1,6% del millón de indígenas venezolanos han conseguido delimitar su espacio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, informó que los pueblos indígenas del país han sido víctimas de mineros ilegales y otros actores, que en ocasiones actúan con apoyo de fuerzas estatales. Hay, de cualquier forma, avances en el tema. Eso concluyó la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de informarse sobre la creación del Ministerio para Asuntos Indígenas, así como la promoción de la educación bilingüe en varias de las comunidades que hacen vida en el interior del país.
En la última década hay registros de 124.500 ciudadanos que murieron dentro del país a manos del hampa común, organizaciones criminales o en ajusticiamientos policiales. Se trata de una preocupación que el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana consignó a Naciones Unidas como preámbulo para advertir sobre las tasa de homicidios del país. Esa y otras ONG por eso buscan que los embajadores del Gobierno respondan en Ginebra: "¿Por qué se restringe la información sobre datos estadísticos de criminalidad?", "¿Cuáles son las razones por las cuales existe un índice tan elevado de impunidad?" y"¿Por qué Venezuela posee la tasa más alta de homicidios de Sur América si la pobreza y la inclusión, según cifras oficiales, descendió de 70% a 23% entre 1996 y 2009?". Los datos más recientes indican que en el país mueren 48 por cada 100.000 habitantes, pero en las cárceles la situación es aún peor. La organización Una Ventana para la Libertad advierte sobre un promedio de 409 reclusos muertos cada año, lo que convierte a los penales venezolanos en los más peligrosas. Ante ese panorama, proponen aprobar una Ley de Desarme.
34 ONG "traidoras a la patria" En los últimos años se han aprobado varios instrumentos legales que obstaculizan la labor de las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y voces independientes a los poderes públicos. Las leyes del Consejo Federal de Gobierno y del Poder Popular sólo reconocen a las "Organizaciones del Poder Popular" que se registren ante el Ejecutivo nacional, mientras que la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional establece multas y hasta prisión para quienes defiendan derechos políticos con fondos de cooperación internacional. Ante esa situación, la Unesco manifestó preocupación porque esas limitaciones afecten a la estabilidad de las ONG. De hecho, ya hay amenazas concretas: el informe que Sinergia consignó a Naciones Unidas para el encuentro de octubre destaca que 34 organizaciones civiles fueron denunciadas por el delito de "traición a la patria" ante el sistema judicial, por financiar sus actividades con fondos de cooperación internacional. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia negó a la Asociación Civil Súmate ejercer un derecho, por considerarlo un "agente externo" a causa de que se sostiene con fondos internacionales.
181 sindicalistas asesinados
En los últimos seis años hay noticias de 181 trabajadores y dirigentes sindicales que fueron asesinados a raíz de conflictos laborales y denuncias sobre acaparamiento de plazas de trabajo. La gran mayoría de esos homicidios se encuentra impune. "De 46 casos entre 2008 y 2009, la Fiscalía emitió órdenes de captura en 9 y sólo en uno fue presentado un presunto responsable ante tribunales", advierte Provea en el informe que remitió a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU con motivo del Examen Periódico Universal. Solicitan, a través de ese instrumento, que se reactive la mesa que el Gobierno compartió con varios sindicatos para prevenir nuevos crímenes. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo añade -entre las preocupaciones que envió para la cita de octubre- que la reforma del Código Penal venezolanos y otras leyes restringen el ejercicio de los derechos de manifestación y de huelga. El Sistema de Naciones Unidas advierte -sin embargo- que hay avances en materia laboral y entre ellos, destaca los reglamentos e instrumentos jurídicos que obligan a las empresas a no negar vacantes de trabajo a un paciente con VIH.
Faltan 2,8 millones de viviendas
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la vivienda, las propias cifras oficiales que publicó el Ministerio para la Vivienda y Hábitat en 2007 señalan un déficit de 2.800.000 unidades habitacionales. Lejos de mejorar en los últimos cuatro años, el panorama es menos optimista desde finales del año pasado, cuando las lluvias afectaron al menos otro millón de estructuras principalmente ubicadas en laderas de montañas, cabeceras de los ríos y zonas de riesgo. Es una situación a la que varias ONG solicitaron poner la lupa: Provea advierte -a través del informe que consignó ante Naciones Unidas- que "el plan nacional de vivienda no es el reflejo de un proceso estructurado y global de planificación"; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello agrega que muchos de los damnificados no están recibiendo respuesta a sus solicitudes de refugio en el plazo de 90 días que establece la ley, y la Fundación Agua Clara alerta -por su parte- que algunos planes habitacionales del Gobierno están levantando casas prefabricadas con materiales de construcción nocivos para la salud, como lo es el policloruro de Vynilo PVC.
2.400 enjuiciados por protestar
En materia de libertad de expresión hay varios puntos que la sociedad civil reclama al Gobierno y el resto de los poderes del Estado. Provea pregunta, por ejemplo, si es un delito protestar. Además de denunciar que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, entre otros instrumentos jurídicos, restringen los derechos a la huelga, da cuenta de más de 2.400 ciudadanos que están sometidos a procesos penales con medidas sustitutivas de libertad, por haber participado en manifestaciones públicas. El Instituto de Prensa y Sociedad añade que los atentados contra los medios de comunicación y sus trabajadores han ido aumentando en los últimos años; entre 2007 y 2010 han registrado 838 profesionales de la comunicación amenazados o agredidos durante o a raíz del ejercicio de su trabajo. Espacio Público, Transparencia Venezuela y la Comisión de Derechos Humanos de la UCAB coinciden, por su parte, en la necesidad de discutir el Proyecto de Ley de Acceso a la Información que reposa en la Asamblea Nacional, así como de revisar el papel del recién creado Centro de Estudio Situacional de la Nación, que permite reservar información "sobre cualquier aspecto de interés nacional".
60% de los hospitales inconclusos
En la Asamblea Nacional reposan denuncias de obras incompletas en 60% de los 211 hospitales que conforman la red de centros públicos de salud tradicionales; son contratos que suman 4.000 millones de bolívares y que muchos no llegaron a ser concluidos. El caso fue remitido por Provea a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU como muestra de una vulneración con respecto al derecho a la salud. En la misma onda, la Fundación Agua Clara reportó fallas en la calidad del agua potable: por un lado advierten más contaminación en los ríos del territorio nacional y por otro destacan que la infraestructura de las plantas de tratamiento es obsoleta, por lo que el Gobierno ha aumentado las dosis de cloro como solución al problema. "Análisis realizados demuestran que en aguas tratadas hay presencia de hipercloración", alertan en el informe que mandaron a Naciones Unidas. "Hay un mal estado de las redes de distribución y un grave daño a las cuencas de los ríos de la región amazónica al sur del país, que están siendo deterioradas por la minería ilegal, la expansión de las fronteras agrícolas y la tala, también ilegal, de la industria maderera".
98% de los indígenas sin tierras A pesar de que la Constitución obliga a demarcar el área en la que viven las comunidades de aborígenes, solo hay casos aislados. A través de los informes que consignaron ante Naciones Unidas, varias de las organizaciones no gubernamentales advierten que únicamente se han entregados 40 títulos para poco más de 15.000 indígenas. Así como varias organizaciones de Bolivia, Cuba y otros países enviaron informes favorables al Gobierno nacional, la Universidad de Oklahoma criticó la situación de las etnias nativas. De hecho, calculan -en su reporte- que sólo 1,6% del millón de indígenas venezolanos han conseguido delimitar su espacio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, informó que los pueblos indígenas del país han sido víctimas de mineros ilegales y otros actores, que en ocasiones actúan con apoyo de fuerzas estatales. Hay, de cualquier forma, avances en el tema. Eso concluyó la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de informarse sobre la creación del Ministerio para Asuntos Indígenas, así como la promoción de la educación bilingüe en varias de las comunidades que hacen vida en el interior del país.
EL UNIVERSAL
http://www.eluniversal.com/2011/08/14/el-debate-en-naciones-unidas.shtml
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