Los derechos humanos en el país al banquillo.

EDUCACIÓN. Entre 1998 y 2010 Venezuela ha mostrado una sustancial mejoría en materia de inclusión al sistema educativo, al tiempo que ha disminuido en el mismo periodo la tasa de repitencia. Las autoridades afirman que hoy por hoy más del 93% de los niños en edad escolar están en un aula y que el 84% de ellos culmina la primaria, cuando antes eran solamente el 60%. Estos datos fueron respaldados por las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Convite y Acción Solidaria contra el Sida (Acsol) en el informe que enviaron a Ginebra (Suiza). No obstante, las agrupaciones mostraron su preocupación por la ausencia de mecanismos para evaluar la calidad de la educación que se imparte en el país, así como por el hecho de que el 44% de los docentes son interinos y por las intenciones del Gobierno de modificar la Ley que regula a las Universidades.

JUSTICIA. La ampliación en 12 magistrados que sufrió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2004 sirvió para "neutralizar la independencia del Poder Judicial". Así lo denunció Human Rights Watch, en el informe que envió a las Naciones Unidas y en el cual recordó que desde entonces el máximo juzgado ha destituido a cientos de jueces. En el reporte la agrupación recordó que un buen número de los funcionarios removidos adoptaron decisiones que no agradaron al Ejecutivo y puso como ejemplo de ello el caso de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni. En otro informe, Provea, Acsol y Convite, criticaron la situación de provisionalidad en la que se encuentran más del 50% de los jueces del país, lo cual permite que sean destituidos de un momento a otro por el TSJ. Asimismo cuestionaron que los tribunales militares continúen procesando a civiles.

SALUD. La creación de una red primaria de atención sanitaria (Misión Barrio Adentro), ha sido reconocida por organizaciones como Provea, Convite y Acsol. No obstante, en el informe que enviaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos cuestionaron que esta red se mantenga separada del sistema nacional de salud.

Tras denunciar que se mantiene "la conducta omisiva" al no promulgar la ley que regulará el sector, las agrupaciones reportaron que los 211 hospitales que hay en el país presentan "una severa deficiencia de disponibilidad de servicios, debido al cierre parcial o total de unidades, quirófanos y salas de consulta" y que en el 60% de esos centros se iniciaron en 2007 obras de reparación, pero las mismas no han sido concluidas. Este cuadro, según las organizaciones, es la responsable del incremento de la mortalidad maternal y neonatal.

VIDA. Desde que en el año 2001 comenzaron a aparecer presuntos delincuentes ajusticiados por grupos de policías en Portuguesa, este tipo de hechos se han extendido por todo el país, dejando como saldo más de 8 mil víctimas, de acuerdo con cifras del Ministerio Público. La actuación de los llamados grupos de exterminio fue denunciada por el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del Caracazo (Cofavic) ante las Naciones Unidas, agrupación que responsabilizó de su propagación sobretodo a la impunidad. El Ministerio Público admitió que en 2009 solamente terminó llevando ante los jueces tres de cada 100 casos de abusos cometidos por agentes del orden público. Cifras que en 2010 no mejoraron en lo absoluto. Cofavic, en su reporte, también dejó entrever que los índices de inseguridad y las ansías sociales por contenerlos explican la tolerancia social ante este fenómeno.

VIVIENDA. Pese a que mantienen un discurso a favor de que cada venezolano tenga un techo propio y han creado un marco normativo en ese sentido, las autoridades han sido incapaces de materializar estos gestos en ladrillo y cemento. Así lo denunciaron Provea, Convite y Acsol en su informe al sistema de las Naciones Unidas. Tras informar que el déficit habitacional hoy supera las 2,8 millones de unidades, recordaron que la actual administración en sus primeros 11 años apenas ha logrado edificar 324.588 viviendas, lo que equivale a un promedio anual de 29.508 casas. Las agrupaciones achacaron esta situación a la improvisación y la falta de continuidad administrativa. Hay que recordar que en los últimos seis años el Ministerio de Vivienda ha sido creado y suprimido en dos ocasiones y ha tenido por lo menos media docena de responsables.

SEGURIDAD CIUDADANA. El problema de la inseguridad en Venezuela es de vieja data. Sin embargo, en los últimos años ha adquirido unas dimensiones preocupantes. Con una tasa oficial de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy por hoy el país es considerado como uno de los más violentos del mundo. La denuncia la formularon Cofavic y Paz Activa en los informes que enviaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Paz Activa cuestionó igualmente que las autoridades se nieguen a informar la cifra de víctimas del hampa, alertando que "el éxito de las políticas públicas en seguridad ciudadana tiene que necesariamente pasar por un diagnóstico"; y remató que diciendo que "el acceso a estas cifras permitirá a la sociedad hacer una verdadera contraloría social de los avances que se logren".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Aunque las autoridades sostienen que en Venezuela hay plena libertad de expresión, incluso superior a la de países como Estados Unidos, hay elementos que se empecinan en contradecirlos. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio de Periodistas, el Círculo de Reporteros Gráficos y Espacio Público denunciaron ante las Naciones Unidas que en los últimos cuatro años ocho periodistas fueron asesinados y 211 más fueron agredidos. En sus informes esas agrupaciones también dieron cuenta de como las autoridades han ido limitando el acceso de los medios privados a las fuentes de información, al negarles entrevistas e incluso impedirles ingresar a ruedas de prensa de funcionarios. Por su parte, la organización Ágora Constitucional denunció que la construcción de un marco legal para perseguir las voces disidentes.

ASOCIACIÓN. Bajo el Gobierno de Hugo Chávez la libertad de asociación ha sido objeto de "sistemáticas restricciones y vulneraciones que han puesto en peligro la existencia, ejercicio autónomo y libre actuación de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, religiosas, culturales y de Derechos Humanos". La denuncia la formuló Sinergía en el informe que remitió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde expuso los riesgos que para las organizaciones civiles supone la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, la cual les prohibe recibir fondos desde el exterior. Asimismo alertó a la instancia internacional sobre como las llamadas leyes del Poder Popular, las cuales dicen fomentar el traspaso del poder a organizaciones comunitarias, en realidad lo que hace es subyugarlas al Ejecutivo.

El Universal 27 de Marzo.

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