150 Organizaciones de la sociedad civil venezolanas manifestaron preocupación por situación de Derechos Humanos en Venezuela

Nota de Prensa

Documento leído en ONU a nombre de 150 Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos

Documento leído en sesión ONU EPU Venezuela

vídeo intervención en nombre de más de 150 organizaciones de la sociedad civil independientes de Venezuela

Vídeo de sesión ONU EPU Venezuela

Documento leído en la ONU por Human Rights Watch por el Epu Venezuela

Presentación oral

Intervención de IFEX-ALC durante la consideración del informe EPU Venezuela

Documento leído Ginebra, 15 de marzo de 2012

Documento consignado en la ONU frente a la petición de Venezuela de estar en la Comisión Derechos Humanos de la ONU. Incumplimiento de compromisos por parte de Venezuela en Derechos Humanos

Foro por la Vida y Sinergía

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado

Por qué el Estado rechazó las recomendaciones

Informe del grupo de Trabajo Epu Venezuela

Informe de la Troika

Informe que resume y sistematiza todas las incidencias relativas a la presentación por parte de Venezuela del Examen Periódico Universal, elaborado por la Organización no Gubernamental Civilis

Informe Civilis

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Venezuela la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas

Actualización de los estándares de derecho internacional sobre la materia

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos criticó el mal estado de las cárceles en América Latina e hizo un llamado para tomar medidas urgentes

Video: ¿Qué es el EPU?

Un audiovisual con la información básica

sábado, 25 de julio de 2015

A cuatro años de creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario la crisis carcelaria no ha cambiado

UNA VENTANA A LA LIBERTAD
NOTA DE PRENSA

Para Una Ventana a la Libertad:
A cuatro años de creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario la crisis carcelaria no ha cambiado

Para la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad dedicada desde hace 17 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, al cumplirse cuatro años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la grave situación carcelaria que motivo su creación sigue siendo la misma.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, preciso que los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano siguen siendo los mismos, nada se ha resuelto respecto al hacinamiento, retardo procesal, violencia interna, ocio y las mafias carcelarias que siguen operando a su antojo, sin ningún tipo de control.
Durante cuatro años solo se han hecho promesas, todas incumplidas, para muestra tenemos los 23 nuevos recintos carcelarios que la Ministra Iris Varela ofreció al inicio de su gestión, donde estarían los reclusos aun procesados y hasta ahora no ha hecho ninguno. El hacinamiento carcelario sigue siendo crítico llegando a un 200% en todo el país y casos extremos como la Penitenciaria General de Venezuela en el estado Guárico y la Cárcel de Tocoron en Aragua, que con una capacidad menos de 1000 reclusos cada uno, hoy en día se albergan dentro de ambas más de 20.000 privados de libertad, más del 30% de la población penitenciaria del país.

Para Una Ventana a la Libertad, el tan anunciado “Plan Cayapa” creado para combatir el retardo procesal que en la actualidad supera el 60% de la población penitenciaria, ha sido un fracaso y no ha resuelto el grave problema que esto representa.
Las mafias carcelarias y la violencia intramuros siguen operando a su antojo, los reclusos siguen teniendo el control de los más importantes recintos carcelarios del país y durante la gestión de la Ministra Varela más de 2000 reclusos han fallecido víctimas de la violencia intramuros.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario ha creado igualmente una sub categoría de reclusos y que están dentro de comisarías y retenes policiales con poca capacidad y solo para tener reclusos de manera transitoria. El Ministerio Penitenciario incumpliendo con el lugar asignado por los jueces a donde enviar a estos privados de libertad, de manera arbitraria no les da entrada a los recintos carcelarios y esto ha creado un caos en los recintos donde se encuentran.

Por último, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad Carlos Nieto Palma informo que el Ministerio para el Servicio Penitenciario sigue sin cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 272 donde, entre otras cosas, se establece que los recintos carcelarios deben ser descentralizados y a cargo de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, esto a pesar que la titular del Ministerio Penitenciario fue una de las redactoras de esta norma que ahora se niega a cumplir.

viernes, 16 de marzo de 2012

Declaración oral de la Red por los derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes



El siguiente texto es la Declaración oral de la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes con consideraciones sobre el Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela en relación a la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes







Vídeo Intervención a nombre de más de 150 organizaciones sociales independientes de Venezuela


El Siguiente vídeo muestra la intervención correspondiente a Civicus, Sinergía y Foro por la Vida que permitió la lectura del documento a nombre de más de 150 organizaciones de la sociedad civil independientes de Venezuela, en la Organización de Naciones Unidas durante la Sesión de adopción final del Examen Periódico Universal de Venezuela


Vídeo intervención de Human Rights Watch



Vídeo correspondiente a la intervención de  Julie de Rivero de Human Rights Watch durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela 

Vídeo Intervención de Gabriela Ramirez del Mar Defensora del Pueblo


Vídeo correspondiente a la intervención de Gabriela Ramírez del Mar, Defensora del Pueblo durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela

Vídeo intervención de Federación Sindical Mundial



Vídeo correspondiente a la intervención de Ms. Osiris Oviedo, World Federation of Trade Unions durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela

Vídeo Intervención de las Mujeres Salesianas del Don Bosco



Vídeo correspondiente a la intervención de Ms. Rachel Sherman, Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela

Vídeo intervención de IFEX Artículo 19 International Centre Against censorship

Vídeo correspondiente a la intervención del Sr. Ramón Munzo Castro de la Organización IFEX Artículo 19 International Centre Against censorship durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela



Vídeo intervención de la Asociación para la Prevención de la Tortura





Vídeo correspondiente a la intervención de Ms. Isabelle Hener de la Asociación para la Prevención de la Tortura durante la sesión en la ONU del 15 de marzo para la adopción del reporte final del Examen Periódico Universal de Venezuela (en Ingles)





ONGs: Gobierno no quiere mejorar situación de DDHH

Para las autoridades el hecho de haber aceptado 97 recomendaciones que le formularon durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos es una demostración de sus intenciones por mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales tienen una visión distinta y consideran que el hecho de que no aceptará sugerencias como las que buscaban fortalecer la independencia y autonomía del Poder Judicial o aquellas que lo invitaban a dejar sin efecto leyes que restringen la libertad de expresión revelan que no tiene la más mínima intención de avanzar en este ámbito.
"Si bien el Gobierno de Venezuela aceptó muchas de las recomendaciones, rechazó varias sumamente importantes destinadas a abordar algunos de los problemas de derechos humanos más urgentes que enfrenta el país", lamentó Human Rights Watch, agrupación que consiguió tomar la palabra ayer en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se celebró para escuchar el informe final del Ejecutivo sobre la evaluación a la que fue sometida el país en octubre pasado.
En su informe la agrupación internacional lamentó especialmente que las autoridades no hayan aceptado ninguna sugerencia para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, el cual consideran parcializado y politizado.
"El ejemplo más evidente de la falta de independencia judicial en Venezuela es el juzgamiento y la detención arbitraria desde diciembre de 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada el mismo día en que dispuso en forma legítima la liberación de un empresario del sector bancario y opositor de Chávez acusado de corrupción. El presidente se refirió a Afiuni como una "bandida" y afirmó que debía recibir la "pena máxima", rememoró el representante de Human Rigths Watch, quien acto seguido advirtió que "sin un control judicial efectivo de sus actos, el Gobierno ha adoptado numerosas medidas que debilitan el derecho a la libertad de expresión y la capacidad de los defensores de Derechos Humanos".
En similares términos se pronunciaron los representantes de las organizaciones venezolanas agrupadas en el Foro por la Vida y en Sinergia, las cuales también consiguieron un derecho de palabra en el organismo internacional.
Las agrupaciones expresaron su preocupación porque las autoridades se mantengan inflexibles a la hora de permitir la visita de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de funcionarios de la ONU.
Asimismo también manifestaron su consternación por la tozuda negativa de acatar los dictámenes de organismos como la Corte Interamericana, pese a que la Constitución establece que ellas son de obligatorio cumplimiento.
Defensora satisfecha
En contraposición, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se mostró complacida por los resultados arrojados por el Examen Periódico Universal y por los compromisos que asumió el Gobierno.
"Considero muy favorables las políticas desarrolladas que han permitido avances en la garantía progresiva de los derechos a la salud, alimentación, agua, educación, tierra y cultura, enfatizadas en la protección de las personas y grupos especialmente vulnerables. Destaco los avances orientados a garantizar la mayor participación y protagonismo del pueblo", aseveró Ramírez, quien ayer participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
No obstante, la funcionaria reconoció que todavía quedan muchas cosas por hacer y entre ellas destacó el tema de la violencia, por lo cual recomendó a las autoridades seguir adelante con la implementación del nuevo modelo policial y con la política de desarme de la población civil.
Por último, la defensora se comprometió a suministrar al Consejo y al Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navy Pillay, información sobre el cumplimiento de las recomendaciones asumidas por las autoridades.

Gobierno impide escrutinio sobre derechos humanos

150 ONG insistieron en denunciar violaciones de la libertad de expresión y de asociación

El Gobierno rechazó definitivamente la posibilidad de que organismos internacionales visiten Venezuela para evaluar con la mayor precisión posible la situación de los derechos humanos.
En el informe final que el Estado presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se argumenta: "Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando". 
El Examen Periódico Universal, que por primera vez se aplicó a Venezuela, comenzó en marzo de 2011. En octubre se llevó a cabo el diálogo y se formularon 199 recomendaciones, de las cuales el Estado aceptó 97 y rechazó 15.
Entre las recomendaciones rechazadas destacan las relacionadas con la vigencia de la libertad de expresión, la independencia judicial y el libre desempeño de las organizaciones no gubernamentales.
Quedaban pendientes 15 sugerencias que ayer, en Ginebra, fueron rechazadas y entre las cuales destacan las solicitudes de autorización para que los organismos internacionales visiten a Venezuela a efectos de recabar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos.
Aprobado sin objeciones
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el vicecanciller Temir Porras afirmó que Venezuela ha adelantado pasos para cumplir sus obligaciones internacionales. A modo de ejemplo, aseguró que 80% de las recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal están en plena ejecución.
Porras no respondió a los señalamientos formulados por Feliciano Reyna, en nombre de 150 organizaciones no gubernamentales venezolanas, que dejaban en entredicho tal afirmación. "Desde 2004, Venezuela no acata las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", recordó.
El activista insistió en la intransigencia del Gobierno en cuanto al escrutinio internacional: "El Estado no ha autorizado las solicitudes de visita hechas por seis mecanismos especiales ni avanzó en la invitación hecha a la alta comisionada en octubre de 2011; tampoco ha autorizado las peticiones de visita del relator para Venezuela de la Comisión Interamericana, desde 2003".
Las objeciones al informe estatal fueron pocas. Reyna apenas fue secundado en sus críticas por Human Right Watch y la red IFEX.
Países aliados al gobierno de Chávez coparon el derecho de palabra con felicitaciones por la reducción de la pobreza en Venezuela. En ese sentido se expresaron Cuba, Nicaragua, Vietnam, China, Uruguay, Argelia, República Dominica, Irán, Ecuador y Siria.
Al final de la sesión, el informe estatal fue aprobado sin objeciones. Quedó la impresión de que el Estado superó el examen de la ONU y de que Venezuela es un país respetuoso de los derechos humanos.

Libertad de expresión negada

La red Intercambio para la Libertad de Expresión América Latina y el Caribe solicitó a las autoridades venezolanas investigar eficazmente los ataques contra periodistas y medios para determinar responsabilidades. Que las autoridades venezolanas hagan una condena explícita de los ataques físicos contra periodistas y medios. Que la legislación venezolana despenalice los cargos por desacato o vilipendio.
La red Intercambio para la Libertad de Expresión América Latina y el Caribe, a través de su representante, la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH, socio con sede en Ginebra), reiteró al Estado venezolano las recomendaciones sobre libertad de expresión hechas en octubre pasado, las cuales podría aceptar para dar plena aplicación a los instrumentos internacionales que ha suscrito y mostrar su espiritu de colaboracion con el sistema internacional de derechos humanos.

La alianza en especial insiste en las siguientes: Que las autoridades venezolanas investiguen oportuna y eficazmente los ataques contra periodistas y medios para determinar responsabilidades. Que las autoridades venezolanas hagan una condena explícita de los ataques físicos contra periodistas y medios. Que la legislación venezolana despenalice los cargos por desacato o vilipendio. La organización mantiene un llamado al diálogo a las autoridades venezolanas para que cumplan con los estándares internacionales sobre la materia y con la intención de promover la protección de periodistas y medios de comunicación.

Durante su misión a Ginebra en octubre pasado, IFEX-ALC expresó su preocupacíon y decepción por la total falta de disposición que el Estado venezolano manifestó en el marco del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) con respecto a la aceptacíon de las recomendaciones sobre el derecho de libertad de expresión. En la sesión de Adopción del Informe por parte del grupo de trabajo del 11 de octubre de 2011, el representante del Estado venezolano rechazó todas y  cada una de las 13 recomendaciones formuladas por diferentes estados en torno a temas relacionados con este derecho, cuya vigencia y respeto son indispensables para el  buen funcionamiento  de una sociedad verdaderamente democrática.

A juicio de IFEX-ALC, las recomendaciones formuladas fueron y siguen siendo pertinentes, reflejan la realidad en Venezuela y buscan el mejoramiento de la situación y la aplicación de los estandares internacionales en la materia.

La situación no sólo no ha mejorado, sino que podria  empeorar en 2012. Este año tendrán lugar en Venezuela dos procesos electorales, incluyendo los cruciales comicios para Presidente de la República, que deben celebrarse el próximo 7 de octubre. De acuerdo con las tendencias observadas en los últimos años en Venezuela y en el continente americano, la mayor cantidad de agresiones contra medios y periodistas se presentan en  los años electorales.

La extrema polarización política que reina en el país se  puede traducir en esas oportunidades en ataques y hostigamientos perpetrados por grupos de base partidistas o autoridades del Estado, que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas y obstaculizan el libre flujo de la información como se ha presentado ya en otras ocasiones. Pocos de esos casos han sido objeto de investigación o sanción por parte del estado.

Desde octubre de 2011 han ocurrido al menos 40 casos de ataques o limitaciones contra periodistas y medios  incluso siete actos de agresiones físicas,  y un nuevo procedimiento administrativo contra el canal 24 horas de noticias Globovisión, que podría llevar a su eventual cierre.

Se trata de casos que se hubieran podido evitar si se hubieran aceptado y aplicado  las recomendaciones que el Estado venezolano rechazó en bloque sin dar explicación alguna. El estado venezolano se ha negado rotundamente a tratar este tema en el marco del Examen Periodico Universal como si este  fuera un tabú para las autoridades nacionales.

En este contexto, la renuencia del Estado venezolano a aceptar su responsabilidad para garantizar las condiciones favorables para una  información plural y la libre expresión, no es de ninguna ayuda. Señor presidentes y miembros del Consejo, estos son temas urgentes que  preocupan a la sociedad venezolana y que deberian preocupar a la comunidad internacional y a los miembros del Consejo de Derechos Humanos así como a los paises observadores.

Por esto, al deplorar esa postura del Estado venezolano, IFEX-ALC lo insta y lo invita a asumir sus obligaciones en materia de libertad de expresión, derivadas de los instrumentos internacionales que ha suscrito, y a aplicar los estándares internacionales en la materia.
IFEX-ALC reitera al estado venezolano las recomendaciones que se le formularon, las cuales podría aceptar para dar plena aplicación a los instrumentos internacionales que ha suscrito y mostrar su espiritu de colaboracion con el sistema internacional de derechos humanos. La alianza en especial insiste en las siguientes:

- Que las autoridades venezolanas investiguen oportuna y eficazmente los ataques contra periodistas y medios para determinar responsabilidades.
- Que las autoridades venezolanas hagan una condena explícita de los ataques físicos contra periodistas y medios.
- Que la legislación venezolana despenalice los cargos por desacato o vilipendio.

IFEX-ALC mantiene su disposición al dialogo con el estado venezolano en torno al cumplimiento de los estándares internacionales sobre libertad de expresión en Venezuela y con el ánimo de promover al interior del país la adopción de medidas inmediatas que contribuyan a un mejoramiento global de la situación en cuanto a la libertad de expresión y la protección de periodistas y medios de comunicación.

Venezuela sale airosa en Examen Universal de Derechos Humanos

La Delegación venezolana encabezada por el Viceministro, Temir Porras, resaltó que la sociedad venezolana está comprometida de manera irrenunciable con la justicia social y la profundización de la democracia

La Delegación de la República Bolivariana de Venezuela dio hoy una demostración de fuerza y compromiso por la vigencia de los derechos humanos en el país, al salir airosa en la adopción del Informe de su Examen Periódico Universal de derechos humanos, que tuvo lugar en el día hoy durante la 19º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

La Delegación venezolana encabezada por el Viceministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Temir Porras Ponceleón, contó con el pleno respaldo de todas las Delegaciones de los países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos que tomaron la palabra en la sesión para resaltar los grandes logros alcanzados en esta materia por la Revolución bolivariana durante la última década, entre los que destacaron las sentidas intervenciones de los países del ALBA Cuba, Ecuador y Nicaragua; además de la relevante participación de China, Vietnam, Irán, Uruguay, Argelia, Siria y República Dominicana.
El Viceministro Porras hizo referencia a la amplia preparación del Gobierno venezolano para este importante Examen, único en su categoría dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la cual contó con la participación activa de cientos de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, de organizaciones sociales y del poder popular, en un esfuerzo que involucró a los cinco Poderes del Estado venezolano, señalando que era motivo de gran satisfacción y orgullo para la Patria de Bolívar, concluir en este día de manera tan exitosa este importantísimo ciclo en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.
También resaltó la apertura de un nuevo ciclo en el ámbito de los derechos humanos, que es percibido como un nuevo desafío en la República Bolivariana de Venezuela, por ser una sociedad comprometida de manera irrenunciable con la justicia social, la profundización de la democracia y la efectiva realización de los Derechos Humanos de manera integral, siendo ésta una nueva oportunidad para desarrollar y poner en práctica, de manera todavía más ambiciosa y profunda, los extraordinarios mecanismos políticos e institucionales que prevé la Constitución Bolivariana, tanto para garantizar el disfrute universal de los derechos humanos del pueblo venezolano, como para transformar cualquier debate nacional en una extraordinaria y masiva fiesta democrática.

En su intervención, el Viceministro Porras señaló que para Venezuela, el Mecanismo del Examen Periódico Universal ha sido la ocasión para poner de relieve los inmensos esfuerzos y la revolución que ha llevado a cabo la sociedad venezolana en la última década, para convertirse en una democracia verdadera, tangible, estable y duradera, a pesar de encontrarse a menudo en el ojo del huracán de los eventos geopolíticos que han sacudido al planeta en los últimos años; especialmente desde que se desató la locura intervencionista que inicialmente llamaron “guerra contra el terror”, y que hoy ha sido sustituida a propósito de los derechos humanos, con el último producto de marketing militar al cual se ha dado por denominar “la responsabilidad de proteger”.

Señaló Porras que, a pesar de las inmensas presiones externas que se ejercen sobre Venezuela, sus poderes públicos y Gobierno junto al pueblo, no se ha apartado ni un segundo, a lo largo de los últimos trece años, del cumplimiento de su agenda de democratización política, económica, social y cultural; tomando el pueblo conciencia de que tal vez ese sea el precio que hay que pagar por construir una democracia verdadera, que contradice de manera directa los intereses del capital transnacional en todas sus expresiones, sean éstas financieras, industriales, comerciales o mediáticas, y que en definitiva son los que dictan las prioridades de política exterior de las potencias colonialistas de siempre.

En su expresivo discurso, el Viceministro Porras sentenció que sólo en un Estado social de Derecho y de Justicia como el consagrado en la Constitución Bolivariana, es posible alcanzar la impresionante avalancha de avances en materia de realización de derechos humanos como los que fueron recogidos en el Informe del Examen Periódico Universal de Venezuela, reiterando la máxima de El Libertador Simón Bolívar, según la cual “la Justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”, la cual es la guía que orienta las acciones del Gobierno venezolano y su Estrategia Nacional de Derechos Humanos; al tiempo que declaró que han quedado en evidencia los grandes pasos adelantados por el país para dar cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema Universal de Derechos Humanos, manifestando la voluntad del Gobierno de seguir avanzando en el terreno de la cooperación con las agencias de las Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para finalizar, el Viceministro Porras ratificó, a nombre del Gobierno de Venezuela, la determinación del país de implementar las 97 recomendaciones aceptadas durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, las cuales representan la gran mayoría de las que les fueran formuladas en el referido proceso de Examen, indicando que el 80 por ciento de dichas recomendaciones ya se encuentran en curso de implementación, además de otros compromisos voluntarios que el Estado venezolano asumió en esta materia, asegurando que han sido contraídos desde el mismo 7 de octubre del año 2011, fecha en la cual tuvo lugar la revisión del país ante ese Órgano de la ONU. 

Venezuela rechaza recomendaciones del Examen Periódico Universal

Venezuela rechazó recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos, en la sesión de adopción final de los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) de ese país celebrada este jueves en la sede de la ONU en Ginebra.

“Nuestro país solo descartó aquellas recomendaciones cuya implementación eventual hubiera sido violatoria del ordenamiento jurídico constitucional (…) o cuya fundamentación está basada en falsos supuestos, o que simplemente se encuentran tan alejadas de la realidad venezolana, que no tiene ningún sentido implementarlas”, afirmó en un discurso el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Temir Porras Ponceleón.

El viceministro confirmó así una respuesta por escrito transmitida previamente a la ONU y publicada este jueves, en la que se impugnan quince recomendaciones.

El EPU es un mecanismo al que deben someterse los 193 Estados que integran la ONU cada cuatro años. Permite que cualquier gobierno formule recomendaciones al país examinado, que luego se ponen por escrito en espera de ser aprobadas en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La primera audiencia del examen se desarrolló el pasado mes de octubre, cuando Venezuela aceptó 97 recomendaciones, denegó 38 y dejó 15 en suspenso hasta este jueves, cuando vencía el plazo para pronunciarse sobre ellas.

Venezuela no aceptó, entre otras cosas, suscribir nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos, como le pidió Paraguay, Uruguay, Japón y Eslovaquia.

También rehusó elaborar un plan nacional de derechos humanos en consulta con la sociedad civil, como le propuso Brasil, o aplicar una política “de desarme y reforzar el sistema judicial” para reducir la impunidad.

Ni se propone invitar al país a expertos independientes sobre derechos humanos de la ONU, como le pidieron Uruguay, Reino Unido, Noruega, Brasil, Estados Unidos y Australia.

En su lista de negativas, destaca asimismo su oposición a garantizar que los casos de violencia social sean investigados, a tomar medidas para proteger la libertad de expresión y a revisar la legislación sobre la prisión preventiva.

En esta audiencia del EPU, Venezuela fue elogiada por Cuba, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Vietnam, China, Argelia, Irán y Siria, pero escuchó críticas de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Desde octubre de 2011 han ocurrido al menos 40 casos de ataques o limitaciones contra periodistas y medios incluso siete actos de agresiones físicas, y un nuevo procedimiento administrativo contra el canal 24 horas de noticias Globovisión”, denunció IFEX-ALC, una red de 16 organizaciones de América Latina y el Caribe.

Las recomendaciones para la independencia del sistema judicial “fueron rechazadas” y también la solicitud de que ponga en libertad a la jueza María Lourdes Afiuni “detenida arbitrariamente”, agregó un representante de Civicus, del Foro por la Vida y de Sinergia, una coalición de más de 100 organizaciones.

“Desde 2004, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha cumplido su rol de contralor de la actuación del poder ejecutivo. Ese año, los aliados del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político del Tribunal y que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno”, afirmó Human Rights Watch.

AFP

Venezuela rechaza recomendaciones sobre derechos humanos en la ONU

Venezuela rechazó recomendaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos, en la sesión de adopción final de los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) de ese país celebrada este jueves en la sede de la ONU en Ginebra.
"Nuestro país solo descartó aquellas recomendaciones cuya implementación eventual hubiera sido violatoria del ordenamiento jurídico constitucional (...) o cuya fundamentación está basada en falsos supuestos, o que simplemente se encuentran tan alejadas de la realidad venezolana, que no tiene ningún sentido implementarlas", afirmó en un discurso el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Temir Porras Ponceleón.
El viceministro confirmó así una respuesta por escrito transmitida previamente a la ONU y publicada este jueves, en la que se impugnan quince recomendaciones.
El EPU es un mecanismo al que deben someterse los 193 Estados que integran la ONU cada cuatro años. Permite que cualquier gobierno formule recomendaciones al país examinado, que luego se ponen por escrito en espera de ser aprobadas en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La primera audiencia del examen se desarrolló el pasado mes de octubre, cuando Venezuela aceptó 97 recomendaciones, denegó 38 y dejó 15 en suspenso hasta este jueves, cuando vencía el plazo para pronunciarse sobre ellas.
Venezuela no aceptó, entre otras cosas, suscribir nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos, como le pidió Paraguay, Uruguay, Japón y Eslovaquia.
También rehusó elaborar un plan nacional de derechos humanos en consulta con la sociedad civil, como le propuso Brasil, o aplicar una política "de desarme y reforzar el sistema judicial" para reducir la impunidad.
Ni se propone invitar al país a expertos independientes sobre derechos humanos de la ONU, como le pidieron Uruguay, Reino Unido, Noruega, Brasil, Estados Unidos y Australia.
En su lista de negativas, destaca asimismo su oposición a garantizar que los casos de violencia social sean investigados, a tomar medidas para proteger la libertad de expresión y a revisar la legislación sobre la prisión preventiva.
En esta audiencia del EPU, Venezuela fue elogiada por Cuba, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Vietnam, China, Argelia, Irán y Siria, pero escuchó críticas de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
"Desde octubre de 2011 han ocurrido al menos 40 casos de ataques o limitaciones contra periodistas y medios incluso siete actos de agresiones físicas, y un nuevo procedimiento administrativo contra el canal 24 horas de noticias Globovisión", denunció IFEX-ALC, una red de 16 organizaciones de América Latina y el Caribe.
Las recomendaciones para la independencia del sistema judicial "fueron rechazadas" y también la solicitud de que ponga en libertad a la jueza María Lourdes Afiuni "detenida arbitrariamente", agregó un representante de Civicus, del Foro por la Vida y de Sinergia, una coalición de más de 100 organizaciones.
"Desde 2004, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha cumplido su rol de contralor de la actuación del poder ejecutivo. Ese año, los aliados del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político del Tribunal y que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno", afirmó Human Rights Watch. AFP
http://www.canaldenoticia.com/venezuela-rechaza-recomendaciones-sobre-derechos-humanos-en-la-onu

EPU: Venezuela aceptó 97 recomendaciones y rechazó 52

Venezuela aceptó 97 recomendaciones y rechazó 52 relativas a garantizar independencia del poder judicial, la libertad de expresión, la protección de defensores y el diálogo democrático por intromisión de la comunidad internacional en asuntos internos. Así se dio a conocer este jueves, en la última sesión del primer examen sobre los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Así lo reseña una nota de prensa de la EPU-Venezuela:

Este 15 de marzo, se llevó a cabo la última sesión del primer examen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 7 de octubre de 2011 se realizó el diálogo interactivo y la consignación de 199 recomendaciones al Estado venezolano, en el que participaron más de 70 Estados miembros de la ONU.
El Estado venezolano aceptó 97 recomendaciones (la mayoría por estar en curso o implementadas) y rechazó 52 recomendaciones por considerarlas de “intromisión internacional o extranjera en asuntos internos y a la soberanía y autonomía nacional”, en su mayoría referidas a corregir faltas de urgente atención en cuanto a las garantías de independencia del poder judicial, libertad de expresión y protección de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
En informe recogido por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano expresó sus razones para el rechazo de las 37 recomendaciones del siguiente modo:
“Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando.
Algunas recomendaciones fueron aportadas de manera vaga, sin sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran cantidad de aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de que el Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;
Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron darle órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones y son contrarias a los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se ha dado como proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para superar los desafíos aún existentes en materia de DDHH”.
En esta sesión final, el Estado venezolano realizó su declaración y participaron 10 Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam, China, Uruguay, Argelia, República Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los cuales resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el Estado venezolano a informado en cuanto a avances en materia de desigualdad social y protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.
Asimismo tomaron la palabra 12 instituciones interesadas y ONG, entre las cuales participaron Foro por la Vida y Sinergia en nombre de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, a fin de manifestar al Consejo y la comunidad internacional su preocupación por situaciones de severa restricción y vulneración de los derechos humanos en el país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima importancia para garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado venezolano, así como a las normas para ocupar puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.
Entre situaciones de alta preocupación se encuentran:
1. El Estado no ha autorizado las solicitudes de visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la invitación hecha a la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha autorizado las solicitudes de visita del Relator para Venezuela de la Comisión Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones dirigidas a garantizar la independencia del sistema judicial fueron rechazadas, como ha ocurrido con las reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado “inejecutable” varias de ellas.
4. El rechazo de recomendaciones relacionadas con las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de defensores, junto con la aplicación de leyes y prácticas discriminatorias hacia ellos y organizaciones de sociedad civil, ponen en duda la intención del Estado de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.
Asimismo, las 150 organizaciones realizaron un urgente llamado de atención y ratificaron su disposición al diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones a:
1. La gravísima situación de violencia: para fin de 2011, la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000 habitantes; en las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
2. La sistemática criminalización de protestas sindicales y sociales y la impunidad en los casos de asesinatos de sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
3. Las amenazas y restricciones a los derechos humanos de indígenas, de personas necesitadas de protección internacional y de personas LGBT.
4. No se ha formulado el Plan Nacional para la Protección de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
5. Aunque rechazó la recomendación 95.7, el Estado debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la Declaración de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.

Defensoría destaca en la ONU esfuerzos de Venezuela en materia de DDHH

La Defensoría del Pueblo participó este jueves en la 19° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, en la cual la representante de la institución, Gabriela del Mar Ramírez, reconoció el compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos, como se evidenció en la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) -en octubre del 2011- donde se aceptó la mayoría de las recomendaciones.

Ramírez destacó la “amplia” participación de las organizaciones sociales en dicho proceso y valoró los esfuerzos dirigidos a asegurar el disfrute de los derechos fundamentales, así como a superar las condiciones históricas “por la cuales la gran mayoría de la población había quedado excluida de las posibilidades de tener una vida digna”.

“Considero muy favorables las políticas desarrolladas que han permitido avances en la garantía progresiva de los derechos a la salud, alimentación, agua, educación, tierra y cultura, enfatizadas en la protección de las personas y grupos especialmente vulnerables. Destaco los avances orientados a garantizar la mayor participación y protagonismo del pueblo”, afirmó.

La Defensora también se refirió a la instauración del nuevo modelo policial venezolano y a la reciente política dirigida al abordaje de la violencia letal a través del control de las armas de fuego y el desarme, los cuales evaluó “positivamente” por ser cónsonos con los derechos humanos. “Recomiendo que se continúe trabajando en el impulso de una estrategia integral de atención a la violencia social”, señaló.

Finalmente, Ramírez reiteró su compromiso con el Consejo, la Oficina de la Alta Comisionada y el CIC, para dar a conocer las recomendaciones derivadas del EPU, así como de aplicar un mecanismo para su seguimiento.

La intervención de la Defensoría del Pueblo de Venezuela se realizó durante la aprobación del informe del Examen Periódico Universal  de la República Bolivariana de Venezuela. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila regularmente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

jueves, 15 de marzo de 2012

Vídeo Intervención en nombre de más de 150 organizaciones sociales de Venezuela en la ONU


El Siguiente vídeo muestra la intervención correspondiente a Civicus, Sinergía y Foro por la Vida que permitió la lectura del documento a nombre de más de 150 organizaciones de la sociedad civil independientes de Venezuela, en la Organización de Naciones Unidas durante la Sesión de adopción final del Examen Periódico Universal de Venezuela


Vídeo: Ayudemos a Raxneida a vivir en un mejor país

Vídeo realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, sobre las recomendaciones del Examen Periódico Universal. Pásalo¡

Sociedad civil expone preocupación por situación de DDHH en Venezuela

Hoy, 15 de marzo, se llevó a cabo la última sesión del primer Examen Periódico Universal que presentó Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 7 de octubre de 2011 se realizó el diálogo interactivo y la consignación de 199 recomendaciones al Estado venezolano, en el que participaron más de 70 Estados miembros de la ONU.

El Estado venezolano aceptó 97 recomendaciones (la mayoría por estar en curso o implementadas) y rechazó 52 recomendaciones por considerarlas de "intromisión internacional o extranjera en asuntos internos y a la soberanía y autonomía nacional", en su mayoría referidas a corregir faltas de urgente atención en cuanto a las garantías de independencia del poder judicial, libertad de expresión y protección de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
En informe recogido por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano expresó sus razones para el rechazo de las 37 recomendaciones del siguiente modo:
"Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando.
Algunas recomendaciones fueron aportadas de manera vaga, sin sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran cantidad de aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de que el Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;
Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron darle órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones y son contrarias a los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se ha dado como proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para superar los desafíos aún existentes en materia de DDHH".
En esta sesión final, el Estado venezolano realizó su declaración y participaron 10 Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam, China, Uruguay, Argelia, República Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los cuales resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el Estado venezolano a informado en cuanto a avances en materia de desigualdad social y protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.
Asimismo tomaron la palabra 12 instituciones interesadas y ONG, entre las cuales participaron Foro por la Vida y Sinergia en nombre de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, a fin de manifestar al Consejo y la comunidad internacional su preocupación por situaciones de severa restricción y vulneración de los derechos humanos en el país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima importancia para garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado venezolano, así como a las normas para ocupar puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.
Entre situaciones de alta preocupación se encuentran:
1. El Estado no ha autorizado las solicitudes de visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la invitación hecha a la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha autorizado las solicitudes de visita del Relator para Venezuela de la Comisión Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones dirigidas a garantizar la independencia del sistema judicial fueron rechazadas, como ha ocurrido con las reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado "inejecutable" varias de ellas.
4. El rechazo de recomendaciones relacionadas con las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de defensores, junto con la aplicación de leyes y prácticas discriminatorias hacia ellos y organizaciones de sociedad civil, ponen en duda la intención del Estado de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.
Asimismo, las 150 organizaciones realizaron un urgente llamado de atención y ratificaron su disposición al diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones a:
La gravísima situación de violencia: para fin de 2011, la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000 habitantes; en las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
La sistemática criminalización de protestas sindicales y sociales y la impunidad en los casos de asesinatos de sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
Las amenazas y restricciones a los derechos humanos de indígenas, de personas necesitadas de protección internacional y de personas LGBT.
No se ha formulado el Plan Nacional para la Protección de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
Aunque rechazó la recomendación 95.7, el Estado debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la Declaración de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.