El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha dado a conocer, a través de medios de comunicación, un pronunciamiento que
había sido anunciado durante meses por voceros de la oposición política
venezolana, y que recoge un conjunto de decisiones que el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela no duda en calificar de políticamente
parcializado. Este pronunciamiento, que presume la existencia de una
jurisdicción extraterritorial al pretender imponerle a Venezuela decisiones que
son de estricto orden interno, constitucional y legal, y solo dependende los
órganos del poder público nacional, será referida por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela a los órganos del poder judicial, para que analicen su
pertinencia constitucional, una vez que sea notificado oficialmente.
Como es sabido, la Contraloría General de la República, en
aplicación de las leyes venezolanas en la lucha contra la corrupción, ha
procedido durante varios años a aplicar sanciones de carácter administrativo a
centenares de funcionarios públicos, por lo cual el Gobierno Bolivariano
rechaza las pretensiones de quienes en Venezuela aspiran a tener una licencia
abierta para violar las leyes, cometer delitos y ser protegidos o perdonados
por el solo hecho de pertenecer a la oposición contrarevolucionaria.
Es por esto que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez,
frente a esta posición política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
exhorta a todas las instituciones venezolanas a ratificar el compromiso
previsto en la ley para castigar la corrupción y actividades relacionadas con
este delito, y rechazar las maniobras nacionales e internacionales que pretenden
victimizar a dirigentes políticos señalados por hechos irregulares en la
administración pública, con el propósito de presentarlos como perseguidos
políticos.
Con este tipo de decisiones, como la adoptada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se da un claro estímulo a los actos de
corrupción, no sólo en Venezuela sino en cualquier país del mundo.
Igualmente, el gobierno venezolano procederá a seguir
denunciando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo que
recurrentemente se extralimita en sus funciones y que, de manera regular ha
tomado posiciones de parcialización política en contra de la República
Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, el Gobierno Bolivariano quedará a la espera de
las decisiones que de manera autónoma tenga
a bien tomar el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tema, en estricto
cumplimiento de la constitución y las leyes de la República.
Caracas, 16 de septiembre de 2011
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