“Nuestro país solo descartó aquellas
recomendaciones cuya implementación eventual hubiera sido violatoria del
ordenamiento jurídico constitucional (…) o cuya fundamentación está basada en
falsos supuestos, o que simplemente se encuentran tan alejadas de la realidad
venezolana, que no tiene ningún sentido implementarlas”, afirmó en un discurso
el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Temir Porras Ponceleón.
El viceministro confirmó así una respuesta
por escrito transmitida previamente a la ONU y publicada este jueves, en la que
se impugnan quince recomendaciones.
El EPU es un mecanismo al que deben
someterse los 193 Estados que integran la ONU cada cuatro años. Permite que
cualquier gobierno formule recomendaciones al país examinado, que luego se
ponen por escrito en espera de ser aprobadas en una reunión del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La primera audiencia del examen se
desarrolló el pasado mes de octubre, cuando Venezuela aceptó 97
recomendaciones, denegó 38 y dejó 15 en suspenso hasta este jueves, cuando
vencía el plazo para pronunciarse sobre ellas.
Venezuela no aceptó, entre otras cosas,
suscribir nuevos instrumentos para proteger los derechos humanos, como le pidió
Paraguay, Uruguay, Japón y Eslovaquia.
También rehusó elaborar un plan nacional de
derechos humanos en consulta con la sociedad civil, como le propuso Brasil, o
aplicar una política “de desarme y reforzar el sistema judicial” para reducir
la impunidad.
Ni se propone invitar al país a expertos
independientes sobre derechos humanos de la ONU, como le pidieron Uruguay,
Reino Unido, Noruega, Brasil, Estados Unidos y Australia.
En su lista de negativas, destaca asimismo
su oposición a garantizar que los casos de violencia social sean investigados,
a tomar medidas para proteger la libertad de expresión y a revisar la
legislación sobre la prisión preventiva.
En esta audiencia del EPU, Venezuela fue
elogiada por Cuba, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Vietnam,
China, Argelia, Irán y Siria, pero escuchó críticas de varias Organizaciones No
Gubernamentales (ONG).
“Desde octubre de 2011 han ocurrido al
menos 40 casos de ataques o limitaciones contra periodistas y medios incluso
siete actos de agresiones físicas, y un nuevo procedimiento administrativo
contra el canal 24 horas de noticias Globovisión”, denunció IFEX-ALC, una red
de 16 organizaciones de América Latina y el Caribe.
Las recomendaciones para la independencia
del sistema judicial “fueron rechazadas” y también la solicitud de que ponga en
libertad a la jueza María Lourdes Afiuni “detenida arbitrariamente”, agregó un
representante de Civicus, del Foro por la Vida y de Sinergia, una coalición de
más de 100 organizaciones.
“Desde 2004, el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) no ha cumplido su rol de contralor de la actuación del poder
ejecutivo. Ese año, los aliados del presidente Hugo Chávez en la Asamblea
Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político del Tribunal y
que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno”, afirmó Human
Rights Watch.
AFP
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