150 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL VENEZOLANAS MANIFESTARON PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE DDHH EN VENEZUELA
DURANTE SESIÓN DE ADOPCIÓN FINAL DE RECOMENDACIONES DEL EPU POR PARTE DEL
ESTADO VENEZOLANO ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS
Venezuela aceptó 97 recomendaciones y
rechazó 52 relativas a garantizar independencia del poder judicial, libertad de
expresión, protección de defensores y diálogo democrático por intromisión de la
comunidad internacional en asuntos internos
Hoy, 15 de
marzo, se llevó a cabo la última sesión
del primer examen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 7 de octubre de
2011 se realizó el diálogo interactivo y la consignación de 199 recomendaciones
al Estado venezolano, en el que
participaron más de 70 Estados miembros de la ONU.
El Estado
venezolano aceptó 97 recomendaciones (la mayoría por estar en curso o
implementadas) y rechazó 52 recomendaciones por considerarlas de “intromisión
internacional o extranjera en asuntos internos y en la soberanía y autonomía
nacional”, en su mayoría referidas a corregir faltas de urgente atención en
cuanto a las garantías de independencia del poder judicial, libertad de
expresión y protección de defensores de derechos humanos y organizaciones de la
sociedad civil.
En informe recogido
por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano
expresó sus razones para el rechazo de las 52 recomendaciones del siguiente modo:
“Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento
de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos
internos; tampoco ha aceptado
recomendaciones llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad
que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción,
realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se
están implementando.
Algunas recomendaciones fueron aportadas de manera vaga, sin
sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran cantidad de
aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de que el
Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;
Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron darle
órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones y son contrarias a
los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se ha dado como
proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para superar los
desafíos aún existentes en materia de DDHH”.
En esta
sesión final, el Estado venezolano realizó su declaración y participaron 10
Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam, China, Uruguay, Argelia, República
Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los
cuales resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el
Estado venezolano ha informado en materia de desigualdad
social y protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.
Asimismo
tomaron la palabra 12 instituciones interesadas y ONG, entre las cuales participaron
Foro por la Vida y Sinergia en nombre de 150 organizaciones de la sociedad
civil venezolanas, a fin de manifestar al Consejo y la comunidad internacional
su preocupación por situaciones de severa restricción y vulneración de los
derechos humanos en el país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima
importancia para garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las
obligaciones nacionales e internacionales del Estado venezolano, así como a las
normas para ocupar puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.
Entre
situaciones de alta preocupación se encuentran:
1.
El Estado no ha autorizado
las solicitudes de visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la
invitación hecha a la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha
autorizado las solicitudes de visita del Relator para Venezuela de la Comisión
Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones
dirigidas a garantizar la independencia del sistema judicial fueron rechazadas,
como ha ocurrido con las reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias de poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni,
detenida arbitrariamente desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones
de la Corte Interamericana desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal
Supremo de Justicia ha declarado “inejecutable” varias de ellas.
4.
El rechazo de recomendaciones relacionadas con las garantías
a la libertad de expresión y al trabajo de defensores, junto con la aplicación
de leyes y prácticas discriminatorias hacia ellos y organizaciones de sociedad
civil, ponen en duda la intención del Estado de cumplir con sus obligaciones en
derechos humanos.
Asimismo, las
150 organizaciones realizaron un urgente llamado de atención y ratificaron su
disposición al diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones a:
- La gravísima situación de violencia: para fin de 2011,
la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000 habitantes; en
las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
- La sistemática
criminalización de protestas sindicales y sociales y la impunidad en los
casos de asesinatos de sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
- Las amenazas y
restricciones a los derechos humanos de indígenas, de personas necesitadas
de protección internacional y de personas LGBT.
- No se ha formulado el Plan Nacional para la Protección
de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
- Aunque rechazó la recomendación 95.7, el Estado debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la
Declaración de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad
civil, incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.
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