a Estado venezolano de manera integral en cuanto a la
situación de los derechos en el país.
Dicha evaluación se conoce como Examen Periódico Universal.
Es periódico porque se realiza
cada cuatro años y es universal porque todos los países son
sometidos a revisión sobre el
grado de cumplimiento de sus obligaciones para garantizar
una vida dignidad a su población.
En materia de salud el gobierno tiene ciertamente algunas
políticas positivas que presentar. Entre ellas la atención primaria de salud a familias pobres
a través de la Misión Barrio Adentro en sus distintos niveles. La reducción de la tasa de
mortalidad infantil y neonatal y mejora en la esperanza de vida al nacer.
Ahora bien, basándonos en cifras oficiales del Sistema
Integrado de Indicadores Sociales y en investigaciones independientes hay problemas
estructurales preocupantes en cuanto a la salud pública. Según el SISOV la inversión pública en
salud como porcentaje del Producto Interno Bruto bajó de 4,47 en el 2007 a 2,48 en el 2010. La
tasa de mortalidad materna se incrementó en comparación a 1999. Enfermedades como el
dengue se duplicaron en comparación a 1998 y los casos de tuberculosis
prácticamente no se han reducido en comparación a esa misma fecha.
Si analizamos la situación de los centros públicos de salud
tradicionales compuesta por 211 hospitales encontramos una crisis generalizada. Falta de
insumos, déficit de personal medico y de enfermería. En muchos hospitales públicos se iniciaron
obras de reparación en 2007 y cuatro años después no han culminado afectando la prestación
de servicios. La situación grave de infraestructura que viene denunciando el personal del
sector salud obligó al gobierno el pasado miércoles 14 a crear una mesa de trabajo conjunta con
los gremios para encontrar salidas a la crisis. Saludamos la iniciativa de diálogo
porque si por esa vía se mejora la situación existente, saldrá beneficiada la población principalmente
los sectores más pobres.
A pesar de esa crisis el gobierno se empeña en seguir
centralizando el control de los hospitales. La reciente intervención realizada al hospital José María
Vargas en el estado Táchira además de ser inconstitucional no es garantía de mejora en el servicio
público. La ineficiencia mostrada por el gobierno nacional en la gestión de los hospitales es
un indicador para no ser optimistas en cuanto a los resultados de dicha intervención.
No tiene el gobierno una política coherente y constante en
materia de prevención en materia de salud. Se desarrollan una serie de políticas y
medidas aisladas, muchas de ellas sin continuidad y sin planificación de largo plazo. Ni
siquiera para un sector vulnerable de la población como lo son los pueblos indígenas se es capaz de
desarrollar una política integral que tenga impactos positivos
En Definitiva, existe un importante déficit en la garantía
del derecho a la salud de la población venezolana.
Marino Alvarado Betancourt. Coordinador General de Provea. Viernes
16.09.2011
0 comentarios:
Publicar un comentario