lunes, 26 de septiembre de 2011

Examen Periódico ONU para Venezuela será el 7 de octubre


Alejandro Villalobos | avillalobos@el-carabobeno.com

Derogar normas que limitan la libertad de expresión y garantizar a los civiles ser juzgados por los tribunales naturales y no los militares fueron dos de las 16 recomendaciones que Venezuela formuló a Estados Unidos, cuando el último fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) sobre los derechos humanos. Son temas en los que el país, que atraviesa una transición hacia el socialismo, tiene deudas por saldar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido a los países miembros suprimir de las leyes internas los delitos de difamación e injuria. Muchos, como Argentina y Perú, han acatado, pero en Venezuela ocurrió lo contrario, cuando en 2005 la Asamblea Nacional modificó el Código Penal y duplicó las sanciones de cárcel y las multas.

Un caso emblemático es el del ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz, acusado de difundir información falsa e instigar al odio cuando opinaba en televisión sobre las acusaciones de la Audiencia Nacional española relacionadas con la supuesta protección del Estado venezolano de agentes de ETA. El ex gobernador del Zulia fue condenado en marzo a dos años de prisión, pero los cumple bajo libertad condicional.

El Código Penal establece sentencias de uno a tres años y multas de 100 a 1.000 unidades tributarias (de 7.600 a 76.000 bolívares) por exponer a una persona al desprecio o al odio público o haber sido ofensivo a su honor o reputación. Las penas y multas aumentan si las opiniones aparecen en documentos públicos.

También, si el individuo ofende el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a un año y multa de 50 a 100 unidades tributarias (de 3.800 a 7.600 bolívares).

En 2006, cuatro periodistas estuvieron en el ojo de la justicia venezolana por emitir opiniones públicamente, entre ellos Ibéyise Pacheco, Napoleón Bravo, Gustavo Azócar y Marianella Salazar. Los delitos: difamación, falso testimonio y vilipendio.

En cuanto al enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, la Human Rights Foundation (HRF) alerta sobre el caso de Francisco Usón, detenido por la Guardia Nacional el 22 de mayo de 2004 y juzgado por una tribunal marcial, a pesar de ser general jubilado, por calumniar a la Fuerza Armada.

En octubre de ese año fue sentenciado a cinco años y medio de prisión. Usón había opinado sobre un incendio en una celda de castigo en el que murieron dos soldados, en Fuerte Mara, estado Zulia. Comentando un artículo de Patricia Poleo, Usón afirmó que en caso de haber sido usado un lanzallamas para provocar el fuego sería muy grave.

Los juicios de civiles en tribunales militares han llegado a instancias internacionales. En junio de 2006, el entonces embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero, debió defender al país de una acusación de la Secretaría General de Derechos Humanos del ente.

Con EE.UU.

Estados Unidos fue sometido al Examen Periódico Universal el 18 de marzo de 2011, en Ginebra. La mayor parte de las recomendaciones que recibió fueron ataques de países liderados por Venezuela y Cuba. Algunos de los enunciados, recogidos en documentos oficiales, son una extensión de las luchas políticas de las naciones aliadas al presidente Hugo Chávez, como la petición de poner fin al bloqueo "infame" contra La Habana y extraditar al terrorista confeso Luis Posada Carriles. Ambos rechazados por la delegación estadounidense.

De Venezuela salieron 16 recomendaciones, nueve de las cuales fueron rechazadas: aceptar los procedimientos individuales de la convención internacional de derechos civiles y políticos; derogar la enmienda que permite la esclavitud como un castigo; derogar las normas que limitan la libertad de expresión y exigen a los periodistas revelar sus fuentes, so pena de prisión; establecer una institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París; poner fin al bloqueo infame contra Cuba; abolir la pena de muerte, que también se aplica a las personas con discapacidades mentales, y conmutar las que ya han sido impuestas; garantizar que los civiles sean juzgados por sus jueces naturales y no por tribunales militares; extraditar al terrorista confeso Posada Carriles; y establecer como obligatoriedad la maternidad.

Durante el EPU (al que Venezuela se someterá el 7 de octubre próximo) Estados Unidos recibió 242 recomendaciones, aceptó 171 y rechazó 71.

En el caso estadounidense hubo una participación activa de la delegación venezolana no vista en ninguna otra sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se realiza el debate. Cuando fue el turno de Argentina, Ecuador, Brasil y República Dominicana, participó en el debate sin hacer recomendaciones. Fue con Paraguay, El Salvador y Cuba que hubo propuestas, pero fueron sobre todo para alabar los programas sociales de esos países y destacar las simpatías políticas.

Por ejemplo, en el caso de Cuba, las recomendaciones fueron: Continuar en la senda hacia la construcción del socialismo con arreglo a los principios de la solidaridad y la justicia, avanzando en el fortalecimiento de una democracia participativa y dinámica como verdadero mecanismo para garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo que ha dado lugar a mejores condiciones para la promoción y protección de los derechos humanos en beneficio del pueblo cubano.

Venezuela instó demás a seguir compartiendo y difundiendo sus experiencias y buenas prácticas a los efectos de prestar asistencia a los grupos vulnerables, especialmente mediante la puesta en práctica del Programa de Trabajadores Sociales; y mantener iniciativas tan bien concebidas como el programa de alfabetización "Yo sí puedo" en diversas realidades nacionales, regionales y locales.

http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/21029/examen-peridico-onu-para-venezuela-ser-el-7-de-octubre

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