El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del
Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el
cumplimiento por cada uno de los 192 estados miembros de la ONU de sus
obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso
de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos
humanos sobre el terreno. Este año se realizará por cuarta oportunidad, esta
vez a un grupo de 48 países, entre ellos, Venezuela. La fecha pautada para la revisión
es el próximo 7 de octubre. De esta manera, al país le tocaría su próximo EPU
en el 2015.
En materia de salud el gobierno del presidente Chávez tiene
políticas positivas que presentar. Entre ellas la atención primaria de salud a
familias pobres a través de la Misión Barrio Adentro, en sus distintos niveles.
La reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal y mejora en la
esperanza de vida al nacer.
Sin embargo, paralelamente el Estado mantiene una conducta
omisiva al no promulgar una ley orgánica que cumpla el mandato de constituir un
sistema público nacional de salud y garantizar un financiamiento fiscal
adecuado para cubrir las necesidades sanitarias de personal, infraestructura,
insumos y programas preventivos. El Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018
(PNS), elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y
Desarrollo (MPPD) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS),
establece principios no integrales y centralistas de gestión sanitaria,
desconociendo los principios de integralidad y descentralización que rigen en
la Constitución Nacional (artículos 84 y 85). En este sentido, el Estado
conserva una separación indebida entre las redes de centros públicos existentes
y enfoca sus esfuerzos en la red Barrio Adentro, bajo coordinación de una
delegación médica del Gobierno de Cuba. Además la Misión Barrio Adentro no está
adscrita al MPPS sino al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la
Presidencia. A finales de 2009 el Gobierno nacional declaró en emergencia dicha
misión por la paralización del 50% de sus centros (2.149 abandonados de 4.298
construidos, y 1.199 funcionando a medio turno) a causa de problemas.
Por otra parte, la red de centros públicos de salud
tradicionales compuesta por 211 hospitales que atienden al 60% de la población,
presentan una severa deficiencia de disponibilidad de servicios, debido al
cierre parcial o total de unidades e terapia, quirófanos y salas de consulta en
40% de éstos, motivado a renuncias masivas del personal médico (50% de unos 23
mil médicos graduados y retiro de médicos residentes de postgrados), influyendo
en ello la suspensión indefinida de las contrataciones colectivas. Además, en
el 60% de estos hospitales públicos se iniciaron obras de reparación
incorrectamente planificadas de manera simultánea y aún no terminadas desde el
2007, sobre lo cual reposan en la Asamblea Nacional expedientes de contratos
fraudulentos por 4.000 millones de bolívares sin procesos licitatorios ni fecha
de entrega de obras. Como consecuencia, han aumentado las denuncias de
fallecimientos de personas por denegación de atención en hospitales públicos y
el ascenso de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal.
Asimismo, las coberturas de vacunación han sido bajas en los
últimos años (entre 40 y 50% en la población de 0-5 años de edad) por
reducciones de presupuestos y debilidades en sistemas de compra y
almacenamiento, causando aumentos de enfermedades prevenibles como sarampión,
parotiditis, hepatitis B, fiebre amarilla y fiebre mayaro; así como se han
venido presentando fallas crónicas en el suministro de medicamentos
antirretrovirales que afectan actualmente a 50% de las personas con VIH, y el
aumento del número de muertes por sida, pasando de una tasa de 4.65 muertes por
cada 10 mil habitantes, a una tasa de 6.08 muertes por 10 mil habitantes entre
2002 y 2007. Las estadísticas epidemiológicas reportan también aumentos
sostenidos de dengue, malaria o paludismo y tuberculosis; y se han producido
denuncias graves de contaminación en reservorios naturales de agua, embalses y
acueductos de los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Bolívar y Zulia. En los
últimos años, la información pública en salud es cada vez más escasa, situación
agravada con suspensiones frecuentes de la publicación de los boletines
epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud.
El aspecto clave del proceso del EPU es la implementación
rápida y plena de las recomendaciones incluidas en el informe de resultados
para mejorar el respeto por los derechos humanos sobre el terreno. Por ello,
esta evaluación puede ser una oportunidad tanto para reforzar las políticas
públicas positivas en materia de salud como para subsanar las fallas
existentes, con el objetivo de un mayor disfrute del derecho a la salud para
todos y todas las venezolanas, sin exclusión de ningún tipo.
PROVEA/Rafael Uzcátegui . Coordinador del Programa de
Investigación de Provea
@fanzinero
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