En los últimos diez años en el país han fallecido 124.500 personas por violencia homicida, constituyendo la inseguridad la primera preocupación de los venezolanos, según documento divulgado este jueves por las organizaciones de la sociedad civil Paz Activa, Cofavic e Incosec. Estos organismos presentaron el cuarto resumen de los informes para el Examen Periódico Universal, al que será sometido el país en octubre. Aseguran que la tasa de homicidios en Venezuela es la más alta de Suramérica, se conoció a través de Globovisión. Según una encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística (INE) más del 80% de los casos de homicidios ocurre en hombres entre 15 y 44 años. La población más afectada pertenece a los estratos menos favorecidos en educación, fuente de ingreso y condiciones de alojamiento. El 62% de los homicidios ocurre en el barrio o urbanización de la víctima, mientras que 70% de los homicidios fueron cometidos por personas entre 25 y 44 años, según el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec). 98% de los homicidios son cometidos con armas de fuego. En 2009, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional estimaba entre 9 y 15 millones de armas -legales e ilegales- en manos de la población venezolana. Sólo 1 millón 300 mil portes se conocían como lícitos, agrega el informe. A esto señalan que el Estado propone la Ley Desarme y la ampliación del Dibise. Sin embargo, Paz Activa e Incosec aseguran que el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (Dibise) a cargo de la Guardia Nacional y Milicias Bolivarianas no tiene carácter transitorio y consume importantes recursos económicos para su equipamiento en detrimento de los cuerpos de seguridad civiles. En Venezuela se registraron 19.133 asesinatos en 2009 según el INE, lo que ubica la tasa de homicidios en 75 por cada cien mil habitantes. 43,75% de quienes no denunciaron los hechos afirma que no lo hicieron porque saben o creen que la policía participó en los delitos cometidos. El Ministerio Público informó que entre los años 2000 y 2007 recibió 6.405 denuncias de casos de "ajusticiamientos o enfrentamientos", que involucraron a 7.243 víctimas. En 8 años, el Ministerio Público sólo ha presentado 436 acusaciones, en las que se encuentran involucrados 1.237 funcionarios policiales. Las cifras revelan que unas 900 personas son ajusticiadas anualmente. La mayoría de estos asesinatos son atribuidos a policías regionales y municipales, en los cuales 3.675 funcionarios han sido señalados de realizar ejecuciones y tratar de encubrirlas como enfrentamientos. Recomendaciones Las recomendaciones al Estado venezolano son: ajustar los planes operativos de los cuerpos de seguridad a fin de controlar su actuación en el terreno para evitar que se produzcan abusos por uso excesivo e indebido de la fuerza y armas de fuego. Realizar las reformas legislativas pertinentes al Código Orgánico Procesal Penal para que el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) dependa administrativamente del Ministerio Público y se separe estructural y funcionalmente del Poder Ejecutivo. Asegurar que el Cicpc no realice actividades de patrullaje y seguridad ciudadana, y que limite sus funciones a la investigación técnica y científica a la que está obligado como órgano auxiliar de la justicia. Carácter civil de las policías La mayoría de las policías regionales, municipales y nacionales tienen directores provenientes del ámbito militar, lo que les imprime un carácter castrista. El artículo 328 de la Constitución venezolana establece que las fuerzas armadas pueden ejercer el mantenimiento del orden interno, pero no les corresponde sustituir las responsabilidades y funciones de las policías de carácter civil. Aunque el Dibise responda a una emergencia nacional de seguridad ciudadana, debe tener metas claras que determinen su duración y no se convierta en otro cuerpo de seguridad paralelo de corte militar y de presencia permanente en el territorio nacional. Las policías deben tener un carácter exclusivamente civilista y sus mandos deben tener un origen civil, según lo recomienda la Organización de Estados Americanos. Ninguna de las instituciones de justicia alcanza el 50% de aprobación entre los habitantes. Las peores evaluadas son las policías municipales y estadales y el sistema penitenciario. Las organizaciones civiles recomiendan al Estado venezolano aprobar con carácter urgente una Ley de Desarme. Capacitar y certificar a los órganos de seguridad ciudadana en materia de derechos humanos. Regular el empleo de armas o sustancias tóxicas por parte de los órganos de seguridad. Legislar para que ninguna persona pueda ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Evitar el uso de la Fuerza Armada y la Milicia en el mantenimiento del orden público. Fortalecer el Poder Judicial y el sistema de justicia a través de la asignación de una partida anual variable no menor del 2% del presupuesto nacional. Impulsar la promoción y el desarrollo de actividades pedagógicas preventivas que contribuyan a suplir el déficit de capital social existente. Organizar la justicia de paz en las comunidades y la disponibilidad y uso de armas. (RM)
viernes, 16 de septiembre de 2011
98% de los homicidios es cometido con armas de fuego
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